Pekín se convierte en una fortaleza para blindar al congreso donde Xi Jinping revalidará un tercer mandato
NotMid 13/10/2022
ASIA
Normalmente, en la garita de seguridad de la urbanización donde vive Bao Tong, además del vigilante de seguridad, suele haber dos oficiales de la Oficina de Seguridad Pública, equivalente al ala dura de un Ministerio del Interior. Pero ayer al mediodía había cuatro agentes más otros dos dando vueltas a las afueras del complejo.
Normalmente, tras pasar la burocracia policial, un periodista puede subir hasta el sexto piso del bloque viejo de apartamentos y hacer una visita a Bao Tong, quien lleva desde 1996 bajo arresto domiciliario. Incluso se puede concertar una cita con él en algún restaurante de su barrio al oeste de Pekín, siempre y cuando el encuentro sea supervisado, a lo lejos, por los agentes ministeriales.
Pero esta no es una semana normal. No es buen momento para quedar con el funcionario de más alto rango del Partido Comunista Chino (PCCh) que fue encarcelado por simpatizar con el movimiento estudiantil pro democracia masacrado el 4 de junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen.
Apenas quedan unos días para que el congreso del partido abra sus puertas. Es el evento más importante en el calendario político chino y no hay espacio para que disidentes famosos como el veterano Bao, de 89 años, lancen sus pullas habituales al régimen desde los altavoces que les brindan los medios occidentales, que hacen cola para entrevistarlo cada vez que se acerca una fecha marcada como esta.
“Hoy no está disponible para ninguna entrevista. La información importante está en los logros del partido en los últimos años y no en hablar con un hombre mayor al que solo molestáis con tonterías”, suelta uno de los agentes apostados en la urbanización de Bao, quien formó parte del poderoso Comité Central del partido. Aunque ahora no se pueda hablar personalmente con él, uno puede seguirle en Twitter, donde suelta con libertad de vez en cuando un repertorio de críticas sutiles contra la élite política de la que una vez formó parte.
Pekín se ha convertido estos días en una fortaleza para blindar al congreso donde el presidente Xi Jinping revalidará un tercer mandato. Una fortaleza en todos los sentidos. Se ha exprimido al máximo la política pandémica de Covid cero. También la vigilancia a los veteranos críticos que participaron en las protestas de Tiananmen o a los que han hecho carrera como activistas. Incluso, según cuentan algunas fuentes, con los más molestos y ruidosos, han empleado la vieja táctica de las vacaciones forzosas: enviarles lejos de Pekín, normalmente a parajes naturales del interior de China, siempre vigilados por funcionarios.
Los del Ministerio de Seguridad Pública llevan unas cuantas semanas bastante atareados. Al redoble de vigilancia de los objetivos de la lista negra, se suma al de las minorías étnicas. Un par de chicos musulmanes uigures que trabajan en Pekín, y que volvieron la semana pasada de vacaciones por el Día Nacional en su tierra, Xinjiang, al noreste de China, cuentan que los funcionarios les han llamado para preguntarles qué hicieron y con quién estuvieron durante el feriado. “Estoy acostumbrado a que, simplemente por ser uigur, me controlen cuando viajo por China. Pero llevo 10 años viviendo en Pekín y es la primera vez que me interrogan para saber qué he hecho en mis vacaciones con mi familia en casa”, asegura uno de los chicos.
JUICIOS POR CORRUPCIÓN
La presencia policial se ha disparado estos días en los barrios que rodean al Gran Salón del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen, donde se llevará a cabo el congreso. Una sensación de seguridad que los oficiales chinos han querido trasladarla a la red publicando noticias como que, en los últimos 100 días, casi un millón y medio de “delincuentes” han sido detenidos en todo el país. Los tribunales también han puesto su granito de arena y en las semanas previas al congreso lanzaron una oleada de juicios por corrupción donde cayeron ex altos cargos de la policía y del aparato de seguridad.
A finales de septiembre se dictaron sentencias de muerte, conmutadas por cadena perpetua, a Sun Lijun, ex viceministro de Seguridad Pública, Fu Zhenghua, ex ministro de Justicia, y Wang Like, ex alto funcionario en la provincia de Jiangsu. También se impusieron penas de cárcel de más de 10 años a otros tres ex jefes provinciales de policía: Gong Daoan, de Shanghai, Deng Huilin, de Chongqing y Liu Xinyun, de Shanxi. Si bien las sentencias fueron en su mayoría por corrupción, las autoridades señalaron que todos los casos estaban relacionados con una “banda política desleal al presidente de China”.
Curiosamente, el señalado como cabecilla de la trama, Sun Lijun, de 53 años, acusado de acumular durante dos décadas más de 646 millones de yuanes (alrededor de 90 millones de euros) gracias a sobornos, manipular el mercado de valores y venta de armas de fuego, fue uno de los peones clave en la mega campaña contra la corrupción que lanzó el presidente Xi Jinping al inicio de su mandato en 2012 y que se llevó por delante a más de un millón de funcionarios de todos los niveles.
En un documental anticorrupción televisado en prime time a nivel nacional, Sun confesó haber conspirado con un puñado de altos funcionarios y de haber aceptado grandes cantidades de dinero y propiedades a cambio de favores para empresarios. Al final, el cazador de corruptos acabó siendo cazado por corrupción.
Lucas de La Cal