El cambio del artículo 49 de la Constitución sobre discapacidad es fruto del consenso, una senda que el Gobierno desprecia
NotMid 19/01/2024
EDITORIAL
La reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada ayer en el Congreso con el respaldo de todos los partidos excepto Vox, para eliminar el término «disminuidos» y sustituirlo por «personas con discapacidad» es fruto de un acuerdo entre PSOE y PP que demuestra que el camino del diálogo y del consenso solo es posible cuando existe una verdadera voluntad de transacción. La modificación incorporada, además de ser la primera reforma de calado social que recibe nuestra Constitución en casi cinco décadas, supone también el primer gran acuerdo forjado desde hace años. El apoyo parlamentario cosechado, que supera la mayoría de tres quintos exigida para modificar la Carta Magna, es reflejo de un consenso en la calle del que solo ha querido apartarse Vox. Esta formación pasó a última hora de la abstención al voto en contra aduciendo razones de «género» porque la redacción final del artículo ampara las necesidades específicas de atención para las «mujeres y los menores con discapacidad». El partido de Santiago Abascal volvió a perder otro oportunidad para anteponer el interés general a su ideario.
El cambio fue acordado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante su reunión del pasado 2 de diciembre. El presidente del Gobierno afirmó que «todos ganamos cuando somos capaces de acordar». Lo dijo al día siguiente de que en el Foro de Davos hiciera hincapié en la necesidad de gobernar la UE desde el centro «con socialistas, liberales y populares». Contrasta esta apelación a la centralidad cuando es el propio Ejecutivo el que ha hecho del frentismo el núcleo de su estrategia desde 2018, incluyendo en esta legislatura los pactos opacos con el separatismo. De hecho, el mismo día en el que la Cámara Baja dignificaba a las personas con discapacidad, el Gobierno menoscababa la Constitución tramitando una Ley de Amnistía inconstitucional a juicio de los letrados de la Comisión de Justicia.
Aunque de carácter simbólico, la reforma introducida en la Ley Fundamental resulta relevante en la medida en que los textos legales tienen la capacidad de performar la realidad. Borrar la acepción «disminuido», en referencia a las personas que padecen una discapacidad psíquica, física o sensorial -un 10% de la población española, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)-, supone satisfacer una reclamación largamente demandada por los colectivos especializados en las labores de inclusión.
El marco jurídico español contempla plenamente el principio de igualdad sin discriminación. De lo que se trataba ahora era no solo de desterrar una terminología hiriente y ofensivo, sino de anclar en la Constitución, también desde el punto de vista del lenguaje, el enfoque del respeto a todos los ciudadanos.