La arbitrariedad de establecer medidas confiscatorias por sectores concretos provocará desconfianza e inseguridad jurídica
NotMid 29/07/2022
EDITORIAL
Los nuevos impuestos a la banca y al sector energético que presentaron el PSOE y Podemos este jueves tendrán un efecto contraproducente sobre la actividad económica y la creación de empleo. Y en nada servirán para combatir la inflación. En un golpe de efecto en el Debate sobre el estado de la Nación, Pedro Sánchez anunció como propias viejas reivindicaciones de Podemos. Y, este jueves, tomaron forma en una proposición de ley conjunta, concesión socialista a su socio de Gobierno. Lejos de aliviar la situación que padecen los ciudadanos, el presidente está más atento a intentar engordar su maltrecha popularidad de cara a las próximas elecciones generales y a limar asperezas con sus aliados. Porque estas recetas no van a mejorar las condiciones de vida de los españoles ni la situación financiera del país.
Aunque las novedosas figuras se presentasen bajo la fórmula eufemística de una “prestación patrimonial”, se trata en realidad de un verdadero impuesto que puede tener difícil encaje constitucional, porque las grandes corporaciones ya tributan por sus beneficios a través del Impuesto de Sociedades y estaríamos por tanto ante una doble imposición proscrita por la ley. La arbitrariedad de establecer medidas confiscatorias por sectores concretos a los que se presume beneficios extraordinarios provocará desconfianza e inseguridad jurídica, con el consiguiente efecto de ahuyentar la inversión. Y en particular, gravar las comisiones del sistema financiero encarecerá los préstamos, restringirá los créditos y restará competitividad a nuestras empresas: impone una contracción en el propio corazón de la economía, debilitado después del periodo de la pandemia, durante el que continuó financiando la economía española.
No cabe duda de que a largo plazo este impuesto lo pagarán los ciudadanos, aunque el Gobierno haya ideado fuertes sanciones en caso de que la prestación se traslade a los clientes. El BCE reclama a los bancos que todos los costes en los que incurran se repercutan en los productos financieros, para garantizar la sostenibilidad del sistema. Del mismo modo que las eléctricas y las petroleras podrían aplicarlo en el precio del combustible y en el recibo de la luz.
Nada hay de casual en que Sánchez eligiera para registrar esta proposición de ley la semana en la que las grandes compañías están presentando sus cuentas de resultados del primer semestre. Este jueves lo hicieron Banco Santander, Banco Sabadell y Repsol, y este viernes lo hará Caixabank. Todas respondieron a la estigmatización del Gobierno, incapaz de aplicar unas políticas estructurales que refuercen la economía y mejoren su capacidad de crecimiento. Sánchez les ha declarado la guerra, sometiéndolos a la caricatura de la chistera y el puro, sin debatirlo antes con los implicados y sin analizar su encaje legal con los principios básicos de nuestro sistema tributario: la igualdad, la no discriminación y la capacidad económica.