El reparto de la tarta presupuestaria revela cómo allí donde gobiernan el PSOE o sus socios, las partidas destinadas a infraestructuras suben, mientras que bajan o se estancan en tres de las cinco regiones gobernadas por el PP
NotMid 07/10/2022
EDITORIAL
El proyecto de presupuestos que ayer detalló la ministra María Jesús Montero tiene en el capítulo de inversiones del Estado en las comunidades autónomas un fiel reflejo de la política de alianzas y tratos de favor con la que se conduce el Gobierno. El reparto de la tarta presupuestaria revela cómo allí donde gobiernan el PSOE o sus socios, las partidas destinadas a infraestructuras suben, mientras que bajan o se estancan en tres de las cinco regiones gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León y Murcia). Cuesta creer que las necesidades reales de inversión en las distintas regiones concuerden de forma casi automática con las necesidades políticas de los partidos de la coalición.
A diferencia del sistema de financiación autonómica, que está regulado, la asignación de los fondos para obras públicas -carreteras, aeropuertos…- es una decisión arbitraria del Ejecutivo. Según el proyecto acordado en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha incrementado las partidas destinadas a todas las autonomías que están en manos socialistas, especialmente Navarra (un 34,7% más que el año pasado), Cantabria (23%) y Extremadura (16,8%). También ven mejorados sus ingresos los territorios donde gobiernan dos socios claves para el Ejecutivo: la Cataluña de Esquerra (un 3% más) y el País Vasco, en manos de una coalición formada por PNV y PSOE (9,1%)
Resulta llamativo que un Gobierno que se define a sí mismo como el más progresista de la historia decida, en un año de desaceleración económica, engordar las partidas destinadas a dos de las comunidades más ricas. El caso de Cataluña, con 2.508 millones de euros, es sintomático. Recibirá 190 millones más que Andalucía, más pobre y más poblada; y 1.203 millones más que Madrid. Las dos regiones gobernadas por el PP sí mejoran sus partidas, aunque en el caso de Madrid la diferencia es muy significativa, pues recibe casi la mitad de dinero que la comunidad catalana, siendo las dos similares en cuanto a su peso económico.
Respecto al proyecto presupuestario en su conjunto, no cabe tildar de «prudentes» estas cuentas, como ayer pretendió la ministra Montero. Se trata de los presupuestos más expansivos de la historia, y su cuadro macroeconómico ha sido desautorizado no solo por el Banco de España sino ayer también por BBVA Research, que para 2023 prevé un crecimiento del PIB del 1% y no del 2,1%, como estima el Gobierno. El proyecto agravará además la brecha intergeneracional, ya que la mitad del gasto público irá destinada a pagar las pensiones, el salario de los funcionarios y los intereses de la deuda, mientras que apenas un 3% está dedicado a los jóvenes.
Inés Arrimadas reclamó ayer una reforma de las pensiones denunciando el absurdo de que estas «suban siete veces mas que los salarios». Por su parte, el PP continúa jugando con dos barajas. Ayer su portavoz económico, Juan Bravo, negó que el partido vaya a pedir que la revisión del IPC no beneficie a las pensiones más altas, como había sugerido el propio Alberto Núñez Feijóo en junio, pero al mismo tiempo admitió el problema de sostenibilidad del sistema. El interés electoral por agradar al colectivo de pensionistas no debería secuestrar un debate inaplazable.
