El Gobierno debe acometer una actualización de la función pública con flexibilidad
NotMid 17/07/2022
OPINIÓN
La Administración consume hoy la mayor porción del presupuesto público, ocupa a un porcentaje muy importante de la población activa y es la responsable principal de gran parte del rendimiento de nuestro sistema político y del funcionamiento de los servicios esenciales. El ciudadano mantiene una relación constante y primaria con ella, es parte sustancial del Estado. Y por ello su cuidado -la búsqueda del equilibrio financiero, estructural y de su eficiencia operativa- debe ser primordial para cualquier Gobierno. Sin embargo, en los últimos años se ha utilizado como un caladero donde los partidos han acudido a pescar votos con medidas electoralistas. Y así, abandonando la rigurosa planificación que requiere, nos encontramos que en la actualidad reviste deficiencias de gravedad como la que señalamos hoy en nuestras páginas: la gran jubilación de personal en la Administración y la ausencia de un relevo generacional en la misma amenaza el futuro de los servicios públicos esenciales.
Los datos hacen la radiografía. La mitad de la plantilla de la Seguridad Social y la función pública se retirará a lo largo de una década. El 53,5% de los profesores universitarios permanentes y el 90% de los catedráticos dejarán de estar activos de aquí a 2030. Y un tercio de los 162.000 profesionales de la Medicina no prestarán servicio por edad en los próximos cinco años. Especialmente acuciante es la situación en la Atención Primaria, que ha sufrido la sobrecarga derivada del covid y en la que 12.000 médicos podrían prejubilarse con una pequeña penalización. A ello, sumemos que la media de edad en la Administración es de 52 años y solo el 12% tiene menos de 40. Lo primero que salta a la vista es el problema demográfico que arrastra España desde hace décadas, pero achacar semejante abismo laboral a una cuestión de la pirámide poblacional es excesivo: hay motivos que son más pragmáticos y todos pasan por esa ausencia de proyecto de estructura construido a largo plazo.
Se debe dar un cambio sustancial cuanto antes en el perfil de la administración. Evidentemente no habrá recetas iguales para todos los casos, por lo que hay que acometer una racionalización -cuyo primer paso es su reducción- de la función pública basada en la flexibilización. Sabedores de que reponer la mitad de los funcionarios en pocos años es imposible, hay que mirar a la larga y reflexionar desde varios frentes: facilitar el acceso a los jóvenes, lastrados por los sistemas de elección; aumentar la prorrogación de la jubilación -notarios lo han hecho hasta los 72-; automatizar burocracia por medio de la informatización -es inverosímil que tal proceso no se haya culminado-; o externalizar actividades y cederlas al sector privado -excluyendo de esta alternativa a la Educación y a la Sanidad).
No se puede escamotear tampoco que semejante cuota de jubilaciones ahondará en el agujero del sistema de pensiones. España tiene un 30% de paro juvenil y en el futuro próximo se corre el riesgo de que la proporción de la balanza entre pasivos y activos se dispare más.
Son grandes desórdenes de un sistema que, dado su carácter a largo plazo, pocos gobernantes buscan ajustar. No se reflexiona sobre el interés general, y más temprano que tarde las costuras explotarán.
ElMundo