No era esto. Las instituciones judiciales están ya lo suficientemente degradadas por el Gobierno como para que el PP se preste a una componenda tan impúdica.
NotMid 23/10/2021
OPINIÓN
Tan alto había tasado Pablo Casado la renovación de los órganos constitucionales que la inesperada componenda del pasado jueves entre el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha provocado un sonoro enfado en la cúpula judicial, a la vez que una tremenda decepción entre quienes creyeron sinceras las promesas de regeneración democrática. Y es que nada podía haberse hecho de peor manera. Es cierto que aún queda formalizar el acuerdo para dar el relevo a los miembros del CGPJ -condicionándolo a la despolitización del sistema de elección-, pero tras los perfiles elegidos en la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas hay motivadas razones para desconfiar de que el presidente del PP vaya a mantenerse firme ante Sánchez.
Cabe dudar ya de que continúe exigiendo como condición previa la reforma del procedimiento para elegir el órgano de gobierno de los jueces, en línea con lo que pide la UE. Casado está obligado a explicar las razones de una cesión que ha puesto en pie de guerra a los magistrados del Supremo -que entienden que el sesgo ideológico se ha antepuesto al prestigio profesional- y ha sido aplaudida por los separatistas catalanes, que esperan, como ha declarado Pere Aragonès, ver despejado su horizonte judicial y un cambio en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Y es que entre las consecuencias del pacto entre PP y PSOE -que recuerda a los peores vicios del bipartidismo- está la no renovación en el órgano fiscalizador de la jurista y ex ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante -señalada públicamente por Sánchez y por Rufián-, a quien se debe la condena a Artur Mas por la que tendrá que devolver 4,9 millones de euros. Ella ha sido la encargada de poner en marcha el juicio contra 34 ex altos cargos independentistas -entre ellos, Junqueras– por malversar 5,4 millones de dinero público. Pero no es esta la única decisión que han celebrado los secesionistas.
El abogado de Puigdemont se ha felicitado del nombramiento para el TC del magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, que fue ponente de las sentencias que absolvieron a Trapero de su actuación en el 1-O de 2017 y a los acusados del asalto al Parlament en 2011, cuando Mas tuvo que escapar en helicóptero. Un perfil de notorio sectarismo.
PP y PSOE se han repartido obscenamente los sillones también en el Defensor del Pueblo, que será Ángel Gabilondo -a quien Sánchez debía un premio de consolación tras la debacle de las elecciones madrileñas-, y de número dos la diputada popular Teresa Jiménez-Becerril. Para completar el despropósito, entre los nuevos magistrados del TC se encuentra Concepción Espejel, que ya fue recusada en el caso Gürtel y con toda seguridad tendrá que inhibirse en todas las causas que afecten el PP.
No era esto. Las instituciones judiciales están ya lo suficientemente degradadas por el Gobierno como para que el PP se preste a una componenda tan impúdica.
ElMundo