Las medidas del Gobierno para ayudar a los más pobres a sortear los peores efectos de la crisis en realidad han contribuido justamente a producir el efecto contrario, han beneficiado en mayor cuantía a las rentas más altas
NotMid 30/10/2022
EDITORIAL
Los análisis disponibles tras meses de aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a los más pobres a sortear los peores efectos de la crisis confirman con el tozudo pragmatismo de las estadísticas que en realidad han contribuido justamente a producir el efecto contrario, han beneficiado en mayor cuantía a las rentas más altas. El pretendido «escudo social» del Ejecutivo ha resultado ineficaz a la hora de influir en la economía doméstica de los más vulnerables, básicamente, por la aplicación indiscriminada de unos planes que, de haberse focalizado en los objetivamente más necesitados, podrían haber resultado eficaces con mucho menor coste para las Cuentas del Estado.
Como desarrollamos hoy en nuestras páginas de Economía, la sangría que han supuesto las medidas contra la inflación se ha perpetrado a pesar de que los principales organismos de control de que dispone el Estado y de que prestigiosos analistas macroeconómicos llevan advirtiendo desde hace más de un año de lo inoperante -y hasta contraproducente- que resulta extender los principales planes de apoyo social a toda la población, sin aplicar un filtro adecuado en función de las distintas rentas familiares. Esta supuesta democratización de las ayudas ha devenido, finalmente, en una factura de 6.000 millones, incluyendo el gasto ya aprobado y el efecto residual en 2023.
Varios son los bloques de subsidios donde se concentra la mayor ineficacia a la hora de cumplir el objetivo de desahogar el bolsillo de los menos pudientes al tiempo que sí beneficiaron a las economías menos necesitadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), uno de los organismos más críticos con el desarrollo presupuestario del Gobierno, constata en su informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos en trámite que los beneficios de la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible se concentra más en las rentas altas. Coincide en este último punto -los 20 céntimos de bonificación al combustible- con el Banco de España, que diagnosticó en su día que una medida tan genérica podría ser incluso contraproducente, pues los hogares de menor renta probablemente tienen un menor consumo de combustible en autos privados, y porque no incentiva el transporte colectivo.
También es la AIReF la que certifica que la popular gratuidad en trenes de corta y media distancia y en otros transportes públicos concentra sus beneficios en el entorno urbano con niveles de renta mayores, donde están presentes estas infraestructuras; pero no así en puntos geográficos donde la población roza más de cerca el umbral de la pobreza. Otro tanto critica el organismo que preside Cristina Herreros sobre el complemento para las becas o la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo, que afectan principalmente a hogares de rentas medias, no bajas.
Por contra, sí concentra su efecto positivo en las rentas más bajas el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico. Es ahí, donde no cabe beneficio para las economías boyantes, donde debiera concentrar sus esfuerzos el Gobierno, renunciando a otras medidas de probada ineficacia, aunque más populistas e indiscriminadas. Es preciso desplegar un verdadero escudo social ahora que se confirma un periodo de recesión a partir de marzo de 2023.
