NotMid 23/12/2023
EDITORIAL
La reunión mantenida ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo deparó un acuerdo que abre la puerta a superar el bloqueo de cinco años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, al mismo tiempo, a avanzar hacia el ineludible reforzamiento de la independencia judicial. Aunque las versiones cruzadas sobre el alcance del pacto no invitan al optimismo, sí queda claro que la Comisión Europea supervisará la negociación para renovar el CGPJ y reformar el modelo de elección de sus vocales, como Bruselas viene pidiendo de forma reiterada.
Si el papel de un supervisor era necesario, la Comisión es sin duda una institución cuyos valores forman parte de nuestro acervo constitucional y que actúa como custodio del Estado de Derecho. Con todo, que PSOE y PP recurran a ella para negociar el gobierno de los jueces es la prueba de que, como este diario sostiene desde su fundación, el sistema actual, basado en el reparto de cuotas, no funciona, pues abona la percepción de una Justicia politizada. Ambos partidos han ejercido esta práctica nefasta durante años y hasta ahora el Gobierno se ha negado a desmontarla.
El problema de fondo en estos últimos años es la desconfianza generada por el Gobierno en su interlocución con el PP, y cuyo principal responsable es Félix Bolaños. Fue el entonces ministro de Presidencia quien en las anteriores negociaciones para el CGPJ, en octubre de 2022, les negó que el Ejecutivo estuviera negociando a la vez la eliminación de la sedición. En el relato que ayer difundió el PSOE se elude ese episodio. En cambio, el partido señala nuestra información, previa a la ruptura, sobre las reacciones contrarias que podría despertar su posible pacto con Sánchez. Es un reconocimiento a la veracidad e influencia de EL MUNDO que solo cabe agradecer.
Cuando ayer Feijóo -quien ha mantenido recientes reuniones con los comisarios Didier Reynders y Vra Jourová- situó el foco en el ministro de Justicia, apuntaba en todo caso al eslabón más débil del Ejecutivo ante Bruselas. A principios de mes, tras sostener que Europa tenía «cero preocupación» ante la amnistía, la propia Comisión le desmintió rotundamente. En este contexto, la inesperada cesión del presidente difícilmente puede deslindarse del ámbito europeo, en cuyas instituciones se percibe una inquietud creciente ante el deterioro del Estado de Derecho en España. Al propio CGPJ o a las críticas por la vinculación del mandato del Fiscal General al de la legislatura se han añadido la controvertida amnistía e incluso la reciente misión europea sobre la imposición del catalán.
Sánchez y Feijóo pactaron también modificar el artículo 49 de la Constitución para retirar el término «disminuidos». Se trata del primer gran acuerdo desde hace años. Y demuestra que, cuando existe voluntad y claridad, el consenso entre los dos grandes partidos es posible.