Hay un hecho liminar que probablemente la investigación pueda esclarecer. Es el momento en que Hacienda identifica al ciudadano González Amador como el novio de Ayuso.
NotMid 01/11/2024
OPINIÓN
RAFA LATORRE
El día en que el Tribunal Supremo decidió investigar si el fiscal general del Estado se había prestado a una operación política para la destrucción civil de una adversaria del Gobierno, Álvaro García Ortiz tomó la decisión de no dimitir. Es verdad que su cargo no le hurta la garantía de la presunción de inocencia, pero su permanencia instalaba a España en una anomalía de gravedad sistémica. El día en que García Ortiz fuera llamado a declarar, el interrogatorio de la acusación pública correría a cargo de un fiscal subordinado suyo.
Mientras España era azotada por la peor de las tormentas, la Guardia Civil entraba el despacho del fiscal general del Estado e iniciaba un registro que duraría más de diez horas. El Supremo les había ordenado seguir el rastro de la filtración de información confidencial del ciudadano Alberto González Amador y, como parte de las pesquisas, se incautaron de los dispositivos de comunicación del fiscal. Volcaron su contenido y analizarán el que fue generado desde el momento inmediatamente anterior a que la fiscal jefa de Madrid informe al fiscal de delitos económicos de que el ciudadano González Amador «tiene un vínculo» con Isabel Díaz Ayuso y, con tal motivo, le requiera información sobre sus negociaciones para un acuerdo de conformidad.
Ahora García Ortiz decide agravar la anomalía. Además del juez instructor, la única persona que conocerá las diligencias secretas que se practiquen será el fiscal del caso. Es decir, una persona que debe obediencia jerárquica al fiscal general del Estado. Este paisaje caribeño es el que va quedando de la España institucional.
Tiene todo el sentido lo que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales le está pidiendo al Supremo. García Ortiz debe ser suspendido cautelarmente de sus funciones, porque su permanencia «dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal». Sería casi lo único que quedaría en pie en la Fiscalía tras el paso de García Ortiz, cuya semblanza podría titularse, por el momento y a la espera de lo que concluya la investigación judicial, «De inidóneo a imputado».
El volcado de los dispositivos del fiscal clama que el Supremo ha identificado las trazas de una operación de Estado para destruir a Isabel Díaz Ayuso. Hay un hecho liminar que probablemente la investigación pueda esclarecer. Es el momento en que Hacienda identifica al ciudadano González Amador como el novio de Ayuso y desde el Gobierno se da la orden de actuar. He ahí el instante decisivo.