El Consejo General del Poder Judicial designó sus dos magistrados por consenso y no por cuotas, como la letra y el espíritu de la Constitución establecen
NotMid 29/12/2022
OPINIÓN
LA RENOVACIÓN del Tribunal Constitucional sin que el Gobierno llegase a acometer la reforma que desactivaba en la práctica contrapesos básicos del Estado de derecho es, por ese motivo, una buena noticia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó por consenso y no por cuotas, como la letra y el espíritu de la Constitución establecen, al magistrado de sensibilidad conservadora César Tolosa y a la progresista María Luisa Segoviano con el voto de todos los vocales. Quedaba así descartado el candidato que Moncloa pretendía que fuese aceptado acríticamente: José Manuel Bandrés.
La función constitucional del CGPJ en este nombramiento es asegurar un cierto equilibrio apartidista en el tribunal de garantías, precisamente porque la designación se hace al mismo tiempo que los dos que ya corresponden por ley de forma directa al Ejecutivo. Y que Bandrés era una opción descaradamente política ya había quedado claro después de semanas de acometimiento que han conducido a un choque institucional inédito con tal de imponer su nombre, pero despeja cualquier duda que el comisario del PSOE en el CGPJ, Álvaro Cuesta, lo llamase en persona el día anterior al Pleno para comunicarle su decaimiento.
Este fracaso de la operación Bandrés, sin duda con el objetivo de garantizar la presidencia a Cándido Conde-Pumpido, no se explica sin la enorme tensión provocada por la reforma urdida en Moncloa, el insólito enfrentamiento posterior con el Constitucional y la intervención de Bruselas para darle respaldo. Todo ello acabó desembocando en el discurso del Rey, que reivindicó con firmeza un regreso a los consensos constitucionales para «fortalecer» las instituciones. Eso se visualizó tres días después en la decisión del CGPJ. Queda ahora pendiente, además de quién preside, el nombramiento de una plaza vacante por el turno del Senado.
Tolosa y Segoviano llegan al Constitucional después de una trayectoria intachable de solvencia e independencia. Uno y otro han sido presidentes de Sala del Supremo, de hecho ella ha sido la primera mujer en alcanzar esa categoría. Esto es lo que se espera de dos magistrados del Más Alto Tribunal. Su nombramiento deja en evidencia al ex ministro Juan Carlos Campo y a la ex asesora gubernamental Laura Díez, aupados por cercanía al poder y obediencia debida.
Recuperar el prestigio de las instituciones pasa por reconducir la percepción ciudadana de que sus miembros actúan por facciones y no por convicción y sentido de Estado. A ese deterioro contribuye el PP, con prácticas de filibusterismo y ocupación partidista sin duda censurables, y por incumplir sus promesas electorales de reforma cuando tuvo ocasión de hacerlo. Pero la situación actual de fragilidad de los consensos constitucionales tiene que ver principalmente con la desconfianza que despiertan los acuerdos del PSOE sobre aspectos nucleares con partidos que aspiran abiertamente a desmontar el Estado.