El informe presentado por la ONU acusa a los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela (el Sebin y la Dgcim) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política
NotMid 27/09/2022
USA en español
La misión de la ONU para Venezuela, que hoy presentó su informe sobre abusos en cárceles de la inteligencia venezolana, subrayó a la agencia EFE que si la Justicia de ese país no investiga a los dirigentes señalados por el documento, ese rol podría recaer en instrumentos como la Corte Penal Internacional (CPI).
”Nuestra recomendación es que tanto el Ministerio Público venezolano como el Poder Judicial cumplan con sus obligaciones e investiguen a las personas que seleccionamos en este informe, y si ellos no lo hacen la Corte Penal Internacional puede cumplir ese rol”, destacó el chileno Francisco Cox, miembro de la misión.
También podrían asumir ese papel países con jurisdicción internacional, si lo solicitan las víctimas, destacó Cox después de que la Misión Internacional Independiente para Venezuela presentara el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe acusa a los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, ordenados o supervisados al más alto nivel, que incluye a Nicolás Maduro.
El informe señala que los implicados llegan hasta Nicolás Maduro
”Personas que están en los más altos niveles políticos del país, y esto incluye al presidente Maduro y cercanos a él, han tenido un rol muy importante en la política de represión de voces disidentes, y en ocasiones han dado órdenes sobre quiénes deberían ser vigilados y detenidos”, destacó a EFE Marta Valiñas, presidenta de la misión.
La argentina Patricia Tapattá, que completa la misión tripartita, añadió que “la contundencia de la información publicada no pasará desapercibida para la comunidad internacional”, por lo que espera que el Consejo de Derechos Humanos renueve por dos años más el mandato de investigación, que en caso contrario expira este mes.
”Para las víctimas y la sociedad civil sería lamentable una no renovación (…), pues somos ya casi la única instancia que publicita detalladamente cuáles son las violaciones y quiénes son responsables de éstas”, añadió Cox.
El documento señala entre los responsables de los abusos en los centros de detención de la inteligencia venezolana al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
Imagen de presos en una cárcel de Venezuela. Connectas
En el caso de la Dgcim se responsabiliza al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
”La represión no se ha detenido, las torturas se siguen ocultando y aún hay personas detenidas en el Helicoide o en Boleíta a pesar de los decretos que decían que debían ser trasladados al sistema penitenciario”, denunció a Efe Tapattá.
La Misión de la ONU para Venezuela acusó a la inteligencia chavista de crímenes de lesa humanidad amparados por Maduro
La presidenta del grupo, la portuguesa Marta Valiñas, señaló que el Sebin y la Dgcim cometieron torturas y violencia sexual contra los detenidos. Además, negó que sean cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó este lunes a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado “desde el más alto nivel”.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
“Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración”, subrayó ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU.
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.
“Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas”, subrayó Valiñas.
El Helicoide, centro de detención de varios presos políticos
La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia “forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores”.
Este plan fue orquestado “desde el más alto nivel político”, subrayó Valiñas.
La experta no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe sí apunta al dictador venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y también cita al vicepresidente primero del partido oficialista PSUV Diosdado Cabello, por su importante influencia por lo menos en el Sebin.
El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
“Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas”, aseguró Valiñas.
El director general del Sebin, Gustavo Enrique González
Según la misión de la ONU, que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapattá, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente, bajo “un clima de total impunidad”.
Valiñas denunció hoy que en el mismo día de publicación del informe, el pasado 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.
Además de este informe, la misión presentó hoy otro sobre violaciones de los derechos humanos en el sur de Venezuela, en particular en el estado de Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco en respuesta a la crisis en la industria petrolera nacional.
Ello ha ido acompañado de una militarización de la región, con las fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la explotación del oro.
“Grupos armados criminales, incluyendo los llamados sindicatos, operan abiertamente controlando zonas mineras e incluso poblaciones”, señaló Valiñas.
Actores estatales y no estatales, a menudo enfrentados entre sí, han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género, destaca este segundo informe.
En tanto, el régimen presentó su descargo en la ONU. La delegación venezolana en el Consejo acusó hoy a la Misión de “calumniar” al Gobierno del país con sus nuevos informes, por lo que pidió que el mandato de esta misión no sea renovado.
“Rechazamos categóricamente en fondo y forma los supuestos informes”, destacó en su intervención tras la presentación del documento el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, quien aseguró que la misión “se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de mi país”. Constant concluyó rechazando la misma existencia de la misión, “un tipo de mecanismo paralelo que sólo alienta a reincidir en los intentos de desestabilización de mi país”, por lo que pidió a los 47 países miembros del Consejo (entre ellos la propia Venezuela) a tomar medidas “contra la prolongación de este mecanismo injerencista”.
La misión de investigación, formada por Valiñas, Cox y Tappatá, fue creada por orden del Consejo de Derechos Humanos en 2019, y concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo para dos años.
Agencias