La advertencia del BCE no es vinculante, como insistió ayer el Gobierno, pero ignorar al órgano supervisor sería una imprudencia
NotMid 04/11/2022
EDITORIAL
Cuando los prejuicios ideológicos guían la política económica de un gobierno, los efectos suelen ser los contrarios a los que aparentemente se buscan. El Banco Central Europeo (BCE) asestó ayer un duro golpe a la credibilidad del Ejecutivo español con un dictamen que desmonta, partida por partida, la idoneidad del impuesto a la banca que en julio anunció el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El órgano supervisor expresa con una contundencia inusual que, tal y como está concebido, el gravamen entorpecerá la política monetaria que se está desplegando a nivel comunitario para combatir la inflación; que puede comprometer la viabilidad de un sector financiero debilitado durante la pandemia pero que sigue siendo un pilar fundamental para reactivar la economía en un contexto de recesión; y que, además, tendrá una repercusión directa en el ciudadano, que acabará pagando el impuesto de manera indirecta.
La advertencia del BCE no es vinculante, como insistió ayer el Gobierno, pero ignorar al órgano supervisor sería una imprudencia. La enmienda es de tal nivel que insta al Ejecutivo a frenar la tramitación parlamentaria del impuesto a la banca hasta que analice de forma realista sus perjuicios.
El BCE deja claro que la propuesta legislativa de PSOE y Podemos carece de los requisitos mínimos de exigencia técnica y de transparencia. Por ello pide al Gobierno que si decide seguir adelante, presente un análisis exhaustivo de sus consecuencias negativas. El Ejecutivo debe detallar el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas, y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos. La institución europea va más allá y directamente pone en serias dudas la promesa del presidente Sánchez de que el impuesto no repercutirá en los clientes. Cabe recordar aquí que la política del BCE pasa justamente por que los bancos reflejen los aumentos de costes como éste en sus comisiones, pues de lo contrario su viabilidad no estaría garantizada. Más allá de esta lógica, impedir a través de nuestro ordenamiento jurídico que el gravamen afecte los clientes -como se ha deslizado- tendría un encaje legal cuestionable.
No se trata de salvar a los bancos en lugar de a las personas, como suele decirse. De hecho, el contexto social es muy preocupante. Ayer mismo Cáritas señaló la perversa situación en la que se encuentran un 70% de los hogares más vulnerables, obligados a recortar en gastos básicos de ropa, calzado e incluso alimentación. Hay que tomar medidas para rebajar el impacto de la inflación y la subida de tipos entre las familias más débiles. Y estas deben ser fruto del consenso, nunca de la ideología. La economía abierta comprometida con la igualdad social es el camino.
