El Gobierno quiere imponer en el Constitucional un rodillo implacable
NotMid 05/09/2022
EDITORIAL
La información que hoy publica la periodista Ángela Martialay en EL MUNDO es tremendamente reveladora de la decisiva importancia que el Gobierno concede al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este jueves. Los 19 vocales están llamados a designar a dos magistrados del Constitucional para que el Gobierno pueda a su vez nombrar a los dos que le corresponden e invertir la mayoría en el tribunal de garantías por primera vez en nueve años. Las fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario se han expresado en términos tan lacerantes que se asemejan a un chantaje: «Si el Consejo no nombra, que Carlos Lesmes se olvide de ir al Constitucional», en referencia a la eventual aspiración que tendría el actual presidente del CGPJ de seguir el mismo camino hacia el Alto Tribunal que recorrieron todos sus antecesores en el cargo.
El problema para la credibilidad de Lesmes es que la intensa actividad que ha desplegado durante el verano para desbloquear a toda prisa los nombramientos confirma que estaría tratando de agradar al Gobierno, plegándose por tanto a esa intimidación. Esa sospecha se sostiene sobre elementos objetivos tan elocuentes como que haya llamado él en persona a varios magistrados del Supremo para que se postulen, una práctica inusual que viniendo de quien también es presidente de ese Tribunal sólo puede interpretarse como una presión. Ese «interés personal» -aunque él lo niega- contamina su actuación y quiebra su autoridad moral.
Varios vocales han mostrado su disposición de no votar a ningún candidato. Si fuesen ocho, se formaría una minoría de bloqueo que abocaría a una crisis constitucional. Consideran, como la mayoría de la carrera, que Pedro Sánchez ha humillado al órgano que debe garantizar la independencia judicial, y que se constatan los peores augurios sobre las pretensiones que tendría el Gobierno, con la contrarreforma que le devuelve la facultad sólo para designar magistrados del Constitucional, mientras mantiene el veto para hacer nombramientos en el resto de tribunales, que se encuentran al borde del colapso con el consiguiente perjuicio para ciudadanos, empresas y la propia administración. Si Moncloa tuviese buena fe, devolvería al CGPJ esa competencia y pondría las bases para un gran acuerdo, que tiene que pasar por que tarde o temprano los vocales judiciales sean elegidos por sus pares, como exige la UE. No parece probable que esa sea su intención.
El Gobierno tiene derecho a nombrar a sus dos magistrados sin acordarlos con la oposición. Nadie lo discute. El problema es que ha escogido para sojuzgar a los contrapoderes un rodillo implacable. Su intención es contar con siete magistrados progresistas y sólo cuatro conservadores. A nadie se le escapa que un Constitucional así configurado, tras pactar con Esquerra la «desjudicialización de la política», se pondría al servicio del diseño territorial que hayan discurrido Sánchez y los independentistas al margen de cualquier consenso constitucional. El dilema es existencial.
