NotMid 23/0872022
EDITORIAL
La abultada cifra de pacientes en lista de espera en la Sanidad pública española constata de forma fidedigna que nos encontramos ante un gravísimo problema de índole social y política que amenaza con minar los cimientos del estado del bienestar. Como relataba ayer nuestro compañero Rafael J. Álvarez, 2.809.150 personas esperan una primera cita con el especialista, que les recibirá, de media, 89 días después de solicitarla. Otros 706.740 pacientes esperan para operarse y, de media, no pisarán el quirófano hasta 123 días después de la prescripción médica. Eso, claro está, si siguen con vida cuando se les cite, una cuestión no menor pues, según el observatorio EuroMOMO, España se encuentra a la cabeza de los países europeos en términos de exceso de mortalidad vinculada a la crisis sanitaria por el covid-19.
Varias causas confluyen para consolidar estas inaceptables cifras de ciudadanos en lista de espera. En opinión de los expertos, destaca sobre todas la falta de inversión en sanidad, tanto para la contratación de personal como para la construcción de instalaciones y la compra del aparataje médico. A ello se suma una razón coyuntural que ya se dilata en el tiempo, el atasco ocasionado por la anulación de actos médicos no imprescindibles en las sucesivas olas de la pandemia. Con igual repercusión en el aumento del número de pacientes pendientes de atención emerge la transformación demográfica de la población, con una esperanza de vida cada vez mayor. Este envejecimiento de la sociedad se traduce en una inadecuación de las estrategias sanitarias a la nueva realidad: con instalaciones y planes de atención diseñados para pacientes con dolencias agudas ahora se debe hacer frente a otro tipo de achaques crónicos, lo que exige unos mecanismos de adaptación para los que las administraciones públicas se están mostrando lentas, cuando no incapaces.
Es urgente la reestructuración nacional del sistema público de salud a través de un gran pacto por la sanidad, con menor intervención administrativa y mayor protagonismo de los criterios sanitarios y de las asociaciones de pacientes. Y aunque las competencias en materia de salud se encuentren transferidas a las comunidades autónomas, es preciso que el Estado actúe de catalizador a la hora de concretar los problemas y sea el gran impulsor de estrategias compartidas que garanticen a través de la financiación la no discriminación sanitaria, unificando la calidad de la atención médica en todo el país: no solo es preciso más dinero, sino que éste se distribuya con criterios de eficiencia. Este gran acuerdo debería contemplar incentivos para los profesionales sanitarios en base a la evaluación de los resultados, estimulando así la excelencia profesional. Y, apostando rotundamente por una sanidad pública gratuita y universal, complementar los recursos del Estado con los de la iniciativa privada en régimen de colaboración.