La lucha contra las amenazas híbridas y las injerencias extranjeras forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobierno en 2021
NotMid 12/02/2024
OPINIÓN
JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado jueves pidiendo que su Comisión de Conducta investigue a Carles Puigdemont y a Tatjana danoka por sus contactos con Rusia marca un antes y un después en la lucha contra las injerencias rusas. Aunque el Parlamento Europeo había dedicado un gran esfuerzo a desvelar dichas injerencias, nunca había señalado a ningún cargo público de la UE o sus estados miembros de una manera tan directa.
En un comunicado posterior, Puigdemont asevera que dichos contactos no existieron. Sin embargo, dichos contactos, anteriores y posteriores al 1 de octubre de 2017, están acreditados (vean el muy completo resumen elaborado por Iñaki Ellakuría en este diario el pasado viernes). Involucran, del lado ruso, a una decena de personas que los servicios de inteligencia consideran agentes rusos, y del lado independentista, a personas del círculo más cercano de Puigdemont, como su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay.
Dichos contactos, así como la injerencia rusa, son conocidos por el Gobierno español y, cómo no, por el CNI. Así lo demuestra el hecho de que el contacto de Alay en Barcelona, un empresario ruso llamado Alexander Dmitrenko, viera rechazada su solicitud de obtener la nacionalidad española al asegurar el Ministerio de Justicia, apoyándose en informes del CNI, que trabajaba para los servicios de inteligencia rusos.
La lucha contra las amenazas híbridas y las injerencias extranjeras forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobierno en 2021 y está encomendada a la Dirección de Seguridad Nacional (DSN), dependiente del presidente del Gobierno, en coordinación con la red europea de alerta sobre la desinformación y el Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE), dependiente del Alto Representante, Josep Borrell. Se apoya en un amplio grupo de expertos de la sociedad civil, que han elaborado, bajo la dirección del DSN, dos importantes informes sobre esta materia publicados en 2022 y 2023. Es difícil de entender que con la evidencia que conocemos, y la referencia que a ella hizo el presidente en marzo de 2022 en la tribuna del Congreso, ni el Gobierno ni las Cortes Generales hayan investigado la injerencia rusa en España, mientras que sí que lo han hecho otras instituciones, como el Parlamento Europeo, el Congreso estadounidense y la Cámara de los Comunes británica.
