El listado completo, con nombres, rostros y encuentros, de la ristra de mafiosos, espías y empresarios próximos a Moscú que se reunieron con Puigdemont y su entorno en las fechas claves del pulso independentista al Estado. Un juzgado de Barcelona acaba de confirmar que sigue con la investigación. De fondo, un posible delito de alta traición inindultable
NotMid 04/02/2024
ESPAÑA
Miles de soldados rusos para defender la República catalana. Una inversión milmillonaria del Kremlin para salvaguardar las finanzas de una Cataluña independiente. Emisarios de Putin accediendo a la residencia oficial de Carles Puigdemont en Barcelona. Un abogado chileno enviado a Moscú para verse con uno de los mayores capos mafiosos ruso con el objetivo, según The New York Times, de financiar la causa separatista. Una espía rusa con acreditación de eurodiputada letona que visitó a Junqueras en la cárcel de Estremera. Un enfermo de cáncer que dejó 19.000 euros de deuda en una clínica de Barcelona y murió al llegar a Rusia…
Son algunos de los personajes que orbitan en torno a la rusosfera del procés. Esta semana, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordado prorrogar la investigación del llamado caso Voloh, que investiga las supuestas conexiones de dirigentes independentistas catalanes con Rusia para lograr su apoyo al proceso separatista que desembocó en el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y en las protestas posteriores, con la aparición de los Comités de Defensa de la República (CDR) o de Tsunami Democrátic.
Aguirre ha señalado en un auto que Rusia, según los indicios que maneja, ofreció «soporte económico y militar» al entorno de Puigdemont en un intento de desestabilizar la «democracia y la Unión Europea». El auto decreta la prórroga de la investigación por plazo de seis meses, a contar desde el pasado 27 de febrero. El juez, en base a distintas conversaciones intervenidas, considera acreditado que, con esos fines, Puigdemont fue impelido por su abogado, Gonzalo Boye, a que «no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny» o que «tampoco critique al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko».
Según el juez Aguirre, el ex president y su círculo próximo mantuvieron «estrechas relaciones personales» con miembros de los servicios secretos rusos y con políticos de la extrema derecha de Alemania e Italia. Entre los implicados, estarían el propio Puigdemont; el ex responsable de relaciones internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas, o el jefe de la oficina del propio Puigdemont, José Luis Alay. En la semana en que Junts ha hecho caer en el Congreso la propuesta de ley de amnistía del Gobierno porque no garantiza la inmunidad de Puigdemont, aquí contamos los principales nombres de ciudadanos rusos en esta trama y su relación con los separatistas catalanes. Al menos habría de ese lado nueve espías o personas próximas al Kremlin, aunque la lista de nombres rusos es mayor en el caso Voloh.
NIKOLAY SADOVNIKOV: El 13 de mayo de 2018, un día antes de la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y con Puigdemont ya fugado, la policía alemana detuvo cerca de Berlín a un ciudadano ruso para cuestionarle por sus visitas a Barcelona meses atrás. En concreto, fueron en octubre de 2017, pocos días después del referéndum de independencia del 1-O.
El arrestado era Nikolay Sadovnikov, a quien se le señalaba como antiguo asesor del Ministerio de Exteriores ruso. Un «emisario» del Kremlin, un ex diplomático ruso que, según los servicios secretos franceses, actuaba como «un actor de la diplomacia en la sombra a las órdenes directas de Vladimir Putin».
En Barcelona, ya en el otoño de 2017, Sadovnikov se reunió con el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont. Le habría ofrecido el apoyo de Vladimir Putin a la secesión de Cataluña a cambio de algunos favores en la futura República, como una legislación a medida sobre criptomonedas para desestabilizar las economías occidentales. Aquella visita de este ruso fue monitoreada por espías españoles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los agentes grabaron a Sadovnikov de camino a su cita con el president.
Durante el encuentro habría ofrecido alrededor de 10.000 soldados rusos a Cataluña para sostener la independencia por la vía de la fuerza —en caso de ser necesaria a cuenta de una respuesta militar del Estado— y ayudar a las finanzas del futuro Estado independiente catalán con una inversión de 500.000 millones de dólares.
Aquel encuentro se produjo el 26 de octubre de 2017. Era una jornada de nervios e incertidumbre, con llamadas continuas y reuniones entre los cabecillas del independentismo. Puigdemont dudaba entre convocar elecciones o llevar a cabo la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), algo que hizo al día siguiente en el Parlamento catalán, aunque la dejó en suspenso de inmediato.
“ESTAMOS EN LA PUERTA DE PALACIO”
Sadovnikov aterrizó en Barcelona a las 15.44 horas de aquel día. Su vuelo, operado por la compañía Aeroflot, había partido desde Moscú. Antes de atender a Sadovnikov, Puigdemont recibió un mensaje de Víctor Terradellas, promotor de la Plataforma por la soberanía y ex secretario de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido del por entonces president.
«A las 5 venía emisario de Putin», le dice. Terradellas insiste. «Estamos en la puerta de palacio [se refiere al Palau de la Generalitat]. Nos debes recibir. Nos has de recibir. Retrasa y danos tiempo». El president le responde. «Yo ahora tengo que hacer comparecencia». «Pues lo retrasas. Y hablamos», le dice Terradellas. Finalmente, Puigdemont accede: «Subid a Canonges (la residencia oficial de los presidentes catalanes)».
La preocupación por las amistades de los independentistas catalanes era extensiva a toda la UE. Siete meses después, camino de Berlín, Nikolay Sadovnikov se enteró de que el CNI tenía imágenes de su llegada al encuentro con Puigdemont. Los agentes alemanes, informados de las andanzas de este emisario ruso en Barcelona, le preguntaron a qué había ido a reunirse con el presidente catalán.
SERGEY MOTIN: Sólo un día antes de aquella reunión, el 25 de octubre de 2017, hubo otra con Puigdemont. En ambos encuentros participó previamente también la ex alcalde por Barcelona Elsa Artadi (Junts), según explicó años después el propio Terradellas al juez que investiga los nexos rusos del procés.
Para restarle trascendencia a los encuentros y hacer ver que la Generalitat no tenía nada que ver, Terradellas le dijo al magistrado que las reuniones se agendaron a petición suya, ya que él «iba por libre», y sin que Puigdemont lo ordenase ni lo encargase.
En aquella primera cita, el president atendió a Sergey Motin, ciudadano ruso ya fallecido. Motin le planteó su idea de convertir Cataluña en un paraíso para las criptomonedas. Le habló de la «Suiza del sur de Europa». Motin Llegó a Barcelona de la mano de Jordi Sardá, un oscuro empresario barcelonés con condenas en Andorra y que llegó a hacerse pasar como alto cargo de Gas Natural para acordar con el Gobierno ucraniano la instalación de una planta de gas natural licuado.
Motin daba la apariencia de tener buenos contactos en Moscú y de persona cercana al Kremlin. Con pasado militar, era director de Abianne Limited, una firma moscovita con oficina en las Islas Vírgenes Británicas. Se desconoce los detalles concretos de la conversación que mantuvo con Puigdemont.
Lo que sí se sabe es la deuda que dejó en una clínica de Barcelona meses después. En mayo de 2018, volvió a viajar a Barcelona. En ese momento ya estaba enfermo de un cáncer de pulmón. Víctor Terradellas, con quien ya se había reunido junto a Puigdemont en la residencia del president, realizó las gestiones oportunas para que ingresara en la Clínica Diagonal, en la capital catalana.
LA DEUDA DE UN MES INGRESADO: “UN DELITO DE ESTAFA”
Motin estuvo cinco días en cuidados intensivos. Luego, pasó a planta. Permaneció ingresado un mes en dicha clínica privada. Como no pagaba, el abogado del centro médico, Jordi Tirvió, se puso en contacto con Jordi Sardá, la persona que lo había traído a España como un empresario cercano al Kremlin. Sardá había actuado frente a la clínica como el portavoz o representante del señor Motin. Se comprometió a realizar el pago del tratamiento médico.
«He analizado el asunto y, a mi juicio y sin perjuicio de lo que pueda resultar, existen sólidos indicios de que el señor Motin pretende engañar a Clínica Diagonal», le escribió el letrado. «Recibir un servicio sanitario con intención de no pagar los costes correspondientes puede ser constitutivo de delito de estafa».
Un mes después de su ingreso, el 24 de junio de 2018, Motin abandonó la clínica y se subió a un vuelo con destino a Moscú. Dejó una deuda, nunca saldada, de 19.842,40 euros. Murió poco después.
VASILI KRISTOFOROV: Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y artífice al parecer de parte del texto ahora de la amnistía negociada entre el Gobierno y Junts, se reunió con Vasili Kristoforov, uno de los máximos jefes de la mafia rusa, en febrero de 2020. Lo desveló The New York Times el verano de 2021. El periódico estadounidense basaba su información en un informe de los servicios secretos de varios países de la Unión Europea. El encuentro, celebrado en Moscú, habría servido, según aquella información, para sumar a este capo mafioso al establecimiento de un canal secreto de financiación para los fines secesionistas del procés.
En el otoño de 2019, las protestas por la sentencia a los líderes separatistas desembocaron en fuertes disturbios y en la creación del movimiento llamado Tsunami Democràtic. Entre las acciones de este grupo que se movía de forma clandestina estuvo la ocupación y sabotaje del aeropuerto de El Prat, así como el bloqueo de la autovía que conduce a la frontera de España y Francia en La Junquera.
Aquel informe desvelado por The New York Times señalaba que Rusia habría estado detrás de la organización de Tsunami Democràtic. Transcurrido el otoño, el movimiento separatista había perdido fuelle. Según aquella información fue por esto, hipotéticamente, que Boye acudió a Khristoforov, para no detener el flujo dinero que pudiese seguir alimentando futuros estallidos.
Boye respondió a estas acusaciones que el encuentro se produjo, pero que su objetivo no tenía nada que ver con el proceso independentista catalán. Fue, según dijo, para tratar asuntos legales que afectaban al mafioso, que se encontraba perseguido por la justicia de varios países europeos, entre ellos España.
Crónica se ha puesto en contacto ahora con Boye. El abogado chileno señaló: «Quien diga eso, miente. Además, no sólo es falso y delirante, sino que podemos probarlo muy fácilmente. Quien sostenga lo contrario deberá demostrarlo ante la justicia. Es todo una invención».
Sea como fuere, Kristoforov es un jefe mafioso ruso con intereses en el blanqueo de capitales o el narcotráfico a nivel internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de criminales de 2017 como uno de los principales representantes de la mafia rusa en el mundo. Formaba parte de la organización Vor v Zakone (Ladrones en ley). Se trata de uno de los grupos más peligrosos de Europa. Sus miembros originarios fueron ex convictos de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS).
PROPIEDADES LUJOSAS EN MOSCÚ, DUBÁI…
La fortuna de Kristoforov se desconoce. Sólo se sabe, gracias al Departamento del Tesoro de EEUU, que cuenta con dos propiedades en Nóvgorod (ciudad rusa colindante con los países bálticos), dos más en Moscú y un apartamento de lujo en la Jumeriah Beach Residence de Dubái. Este último se trata de uno de los complejos residenciales más exclusivos del mundo.
El historial criminal de Kristoforov y su buen hacer dentro de Ladrones en Ley lo señalaron en 2017 como posible sucesor de Zakhary Kalashov como líder absoluto de dicha organización, según el portal de investigación ruso Rosbalt, que resaltaba de Kristoforov su gran experiencia en la generación de fondos para el clan y su destreza con las finanzas. A pesar de que no logró colocarse en la cúspide de la banda, se quedó como el jefe de finanzas y recaudación de fondos de esta organización criminal.
ZAKHARY KALASHOV: El jefe de Kristoforov al frente de Ladrones en Ley era Zakhary Kalashov. El juez Aguirre se topó con su nombre, precisamente, gracias al abogado de Puigdemont. El instructor del caso Voloh envió a los juzgados de Madrid un chat entre el letrado Gonzalo Boye y José Luis Alay, el ex jefe de la oficina de Puigdemont, investigado judicialmente en la causa.
El magistrado pedía a una jueza de Madrid que se investigara si Kalashov había recibido trato de favor en la Audiencia Nacional, tal y como deslizaba el propio Boye. A través de un informe de la Guardia Civil fechado en agosto de 2021, el juez leyó una serie de mensajes que Boye se cruzó con Alay, hallados en el iPhone 8 incautado a la mano derecha de Puigdemont cuando se le detuvo, en octubre de 2018.
Primero, Boye y Alay hablan acerca de una concentración celebrada por 200 personas en el centro de Barcelona en solidaridad con los ciudadanos de Bielorrusia. Alay le dice al letrado de Puigdemont: «Es el sector antirruso dentro de casa».
Un día después, hablan de Zakhary Knyazevich Kalashov, georgiano de 68 años, capo de la mafia rusa al que la justicia española había condenado a siete años y medio de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales y al pago de una multa de 20 millones de euros. Alay le enviaba una foto de tres hombres en una playa de Dubái, entre los que estaba Kalashov. Boye decía que era un hombre muy peligroso. El abogado señalaba que el ex juez y abogado Javier Gómez de Liaño maniobró para conseguir una reducción de penas de su cliente en la Audiencia Nacional.
«Pagando mucho, mucho dinero», le explica Boye a Alay, «consiguen que la sentencia sea justo algo menos de la mitad de la pena impuesta, por lo que le dejan en libertad mientras recurre. Ese era el trato». La juez de Madrid decidió no investigar ese supuesto trato de favor, que el despacho de Gómez de Liaño negó tajantemente. Lo que dejaban claro esas conversaciones es que Alay se preocupaba por determinados ciudadanos vinculados con la mafia rusa. Y que preguntaba por ellos al abogado de su jefe, Carles Puigdemont, que también acabó siendo el suyo.
TATJANA ZDANOKA: Esta semana, una investigación periodística de un grupo de medios internacionales, entre ellos The Insider o Re:Baltica, señalaron que Tatjana Zdanoka, diputada letona en el Parlamento europeo, habría trabajado al menos durante 13 años para el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la inteligencia rusa. La exclusiva venía acreditada por correos electrónicos que se intercambió entre 2004 y 2013 con un agente del FSB. Ella admitió la veracidad de esos e-mails, pero negó conocer los vínculos de su interlocutor con la inteligencia rusa.
Zdanoka ha sido una gran aliada del independentismo catalán durante el procés y el referéndum ilegal de octubre de 2017. Participó en el 1-O en Barcelona, acreditada por la Generalitat. Fue invitada por Raül Romeva, consejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat. Romeva se encargaba de «la recepción de invitados extranjeros». En sus redes sociales, ella defendía que el referéndum era «legalmente vinculante».
Zdanoka es eurodiputada por el partido Unión Letona de Rusos (LKS) y formaba parte del grupo Alianza Libre Europea (ALE)/Los Verdes. En abril de 2022 pasó a ser europarlamentaria no adscrita, como Puigdemont, tras defender la invasión rusa en Ucrania. Su formación fue expulsada de la coalición.
Zdanoka viajó a España para visitar a los líderes del procés cuando estaban en la cárcel de Estremera (Madrid). Se reunió con Oriol Junqueras y Joaquim Forn. A aquella visita acudió de la mano de algunos eurodiputados del separatismo catalán, como Jordi Solé o José María Terricabras.
KOBA SHERMAZASHIVILI: Es otro de los nombres que aparece en el auto de prórroga del caso Voloh. Se trata de otro relevante mafioso ruso-georgiano cuya organización fue desmantelada en España en 2010, gracias a la operación Java. También fue detenido en 2016 en Suiza por intento de asesinato, blanqueo, tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito, estafa y falsedad.
Shermazashivili trabajaba codo con codo con el líder de la mafia ruso-georgiana en España, Kakhaber Shushanasvili, detenido en Barcelona en el marco de dicha operación. Tras su detención, el juez Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, envió a prisión a todos los miembros de la organización. Finalmente, se condenó a 13 de los 19 acusados a penas de entre 1 y 20 años de prisión y 11 meses. El juez Aguirre da por hecho que es otro de los mafiosos con los que se han vinculado los separatistas catalanes.
EVGENY PRIMAKOV: También aparece su nombre en el auto del juez Aguirre. Dice que, «probablemente», Gonzalo Boye también viajó a Moscú para entrevistarse con él, junto con Alay. En 2020 fue nombrado jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Kremlin. Viene de una familia de renombre en Rusia. Su abuelo llegó a ministro de Exteriores y también ostentó el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Exterior.
ALEXANDER DMITRENKO: Con Puigdemont ya fuera de España tras su orden de detención, el ex presidente prófugo continuó sus contactos con Rusia, señala la investigación de la Guardia Civil. Su valedor sería Alexander Dmitrenko, un empresario ruso afincado en Barcelona al que el CNI señaló como espía. Dmitrenko se comunicaba con Puigdemont a través de su jefe de gabinete, José Luis Alay. Es más, la Guardia Civil dio por probado en un informe en manos del juez instructor que las labores de Alay con Moscú estaban siendo pagadas con dinero público. Hoy en día, Alay es director de la oficina que tiene Puigdemont como ex presidente de la Generalitat.
Puigdemont, desde Bruselas, le pidió a Alay que pusiera en marcha un encuentro con Dmitrenko en el sur de Francia. La reunión no se produjo por miedo a que la Policía Nacional lo supiera, como así sucedía. Al cónclave estaba previsto que acudiera Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública hasta 2022.
ARTEM LUKOYANOV: Otro de los contactos que usaba Alay era el de Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vladislav Surkov, ex subjefe de la administración presidencial y jefe de personal del Kremlin, apodado el cardenal gris y considerado asesor de Putin.
Con la profundización de la negociación Junts-PSOE sobre la amnistía, las instituciones europeas siguen al detalle dos derivadas: el terrorismo y todo lo que rodea a las relaciones entre Carles Puigdemont y su entorno con Moscú.
El corresponsal en Bruselas de EL MUNDO, Pablo R. Suanzes, informaba el pasado lunes que desde el equipo de la presidenta Von der Leyen insistieron siempre en no opinar por anticipado. Pero es difícilmente discutible que cualquier colaboración, alianza o entendimiento con quien tiene como objetivo principal de su política exterior hacer daño a la UE no puede contar con el visto bueno de Bruselas.
«Hay puertas a las que no se puede llamar. Ni en broma, ni por ignorancia ni por irresponsabilidad», comentaba muy críticamente alguien implicado en el proceso a nivel europeo.
Agencias