Reynders defiende un pacto global entre PSOE y PP: la renovación del Consejo y, a la vez, la reforma del sistema de elección
NotMid 29/09/2022
EDITORIAL
Los intentos del Gobierno por marcar el paso al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, van en contra de las exigencias que las principales instituciones de Europa han planteado a España y que se centran en una condición clave: para garantizar la independencia de los jueces, son ellos mismos, y no los partidos políticos, quienes deben elegir a los miembros de su órgano rector, el Consejo General del Poder Judicial.
Reynders, que hoy inicia su visita a España para mediar en la crisis del poder judicial, tuvo que salir ayer al paso de las publicaciones que aseguraban que el Gobierno le considera parcial por asumir los planteamientos del PP. Esa posición resulta muy criticable. No es el comisario quien defiende la posición del PP, sino el PP -y tres de las cuatro asociaciones judiciales- quien ha asumido la posición del comisario, pues es lo que la Comisión Europea y el Consejo de Europa han reclamado a España en repetidas ocasiones.
La razón es de sentido común: el nombramiento de los magistrados por parte de las Cortes, en función de las mayorías políticas de cada momento, compromete el principio de independencia judicial consagrado en el artículo 2 del Tratado de la UE.
Así, Reynders defiende un pacto global entre PSOE y PP: la renovación del Consejo y, a la vez, la reforma del sistema de elección. Ayer el comisario fue más allá y aseguró que lo «ideal» es que los nuevos nombramientos se lleven a cabo ya con el modelo europeo. El problema es que el Gobierno sólo quiere cumplir la primera parte: que el PP se avenga a pactar los nombres -una renovación bloqueada desde hace casi cuatro años- pero sin modificar la fórmula ni siquiera de cara al futuro. Para lograrlo, el Ejecutivo está empleando artimañas como maniatar al Consejo para que sólo pueda renovar a los miembros del Tribunal Constitucional y aprovechar la enfermedad de uno de los magistrados. De fondo late el verdadero interés del Gobierno: el Tribunal Constitucional. Su actual mayoría en el Congreso le permite decantar el alto tribunal hacía una mayoría progresista que podrá favorecerle en la revisión de sus decisiones más delicadas y, además, satisfacer a sus socios independentistas. Sería temerario olvidar aquí que a ERC le ha prometido la denominada «desjudicialización».
Es cierto que el PP no tiene una hoja de servicios limpia. Gobernó con mayoría absoluta dos legislaturas y no cambió el modelo. Y su último acuerdo con el PSOE, en tiempos de Pablo Casado, saltó por los aires cuando el magistrado Manuel Marchena se echó para atrás después de difundirse unos whatsapps que evidenciaban que el PP quería controlar a los jueces para influir en los procesos por corrupción que lo acechaban. Con todo, parece que ahora el partido sí se compromete a garantizar la independencia judicial.
Hoy el Consejo se reúne en pleno. Si en la reunión el Gobierno logra lo que quiere -que el Consejo nombre a los dos candidatos del Constitucional que sí le corresponden-, no tendrá incentivo alguno para atender las recomendaciones del comisario Reynders. Solo intereses espurios pueden explicar la perpetuación de esta crisis. La solución es evidente y se llama Europa.