Puede darse el escenario diabólico de que los únicos condenados por el 1-O sean cuatro policías que cumplieron la ley
NotMid 20/03/2025
EDITORIAL
El auto de apertura de juicio oral contra cuatro policías nacionales por su actuación en el 1-O es el paradigma de la grave perversión del orden moral que supone la Ley de Amnistía. El Gobierno quiso presentarla como un borrado de los delitos cometidos no solo por los independentistas, sino también por los agentes del orden que pretendieron hacer cumplir la ley en Cataluña. Igualar a agresores con agredidos es inaceptable. Sin embargo, el despropósito puede ser aún mayor: mientras los agresores están viéndose beneficiados por la amnistía -con salvedades como la de Carles Puigdemont, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional-, cuatro policías se ven excluidos de ella y serán juzgados por un delito de lesiones castigado con entre seis y 12 años de prisión.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona se pronuncia sobre el caso de Roger Español, activista que durante aquella jornada lanzó una valla metálica contra varios de los agentes que intervinieron junto a la Escuela Ramon Llull de Barcelona para impedir el referéndum ilegal. Cuando los policías cargaron con pelotas de goma, una provocó que Español perdiera un ojo. La acusación ejercida por el activista defiende que la conducta fue dolosa por los reiterados disparos efectuados por uno de los agentes desde una distancia de apenas 14 metros.
Ahora la Audiencia se atiene a la intencionada redacción de la ley que Junts arrancó a Pedro Sánchez, que excluye de la amnistía los «actos dolosos contra las personas que hubieran producido (…) pérdida de un órgano o inutilidad de un sentido». De este modo, y contra el criterio de la Fiscalía -que había pedido el archivo de la causa al considerar que los agentes «cumplían su deber» y actuaron de forma «proporcionada»-, envía a juicio a cuatro agentes: al que disparó y a tres superiores que autorizaron el uso de las pelotas de goma. Al mismo tiempo, la Audiencia aplica directamente la amnistía al agresor, de modo que Roger Español -que un año después sería candidato de JxCat al Senado- no deberá responder ante ningún tribunal.
El sindicato policial Jupol defiende que los agentes que lo deseen soliciten su aministía, aunque califica la ley como una perversión que «procede a igualar a los policías con los promotores de un intento de golpe de Estado y con los responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios en las calles de Cataluña». Le asiste la razón. Sin embargo, todavía podría darse un escenario más diabólico: que los únicos condenados por el 1-O tras la amnistía acaben siendo quienes defendían el cumplimiento de la ley. ¿Qué principios de equidad e igualdad operan si la víctima es convertida en victimario y el victimario en víctima?
La amnistía ha apartado a los tribunales de su obligación de castigar el delito. En este caso concreto -y mientras se resuelven los pronunciamientos del TC e incluso de las instancias europeas sobre la ley-, la Justicia sí podrá actuar. Con todo, el despropósito es incuestionable. El procesamiento de estos cuatro policías retrata de forma escandalosa la inmoralidad de un borrado aprobado sin consenso social ni político, por una mayoría escuálida, y, sobre todo, motivado por un estricto interés espurio: el apoyo de los siete diputados de Junts a la continuidad de Pedro Sánchez en el poder.
