La Seguridad Social escala hasta los 21 millones de afiliados, pero la menor calidad del empleo castiga a los jóvenes
NotMid 07/05/2024
EDITORIAL
La resistencia del empleo y el récord de afiliados a la Seguridad Social son una buena noticia que, además, debería convertirse en acicate para que el Gobierno afronte las reformas pendientes en esta materia, especialmente, la corrección del paro juvenil.
España ha superado por primera vez en su historia los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social después de crear 199.538 empleos en abril, lo que denota un dinamismo del mercado laboral algo inferior al del año pasado -en 2023 la Semana Santa cayó en este mes-, pero superior al registrado de media en este mismo mes en los años previos a la pandemia. El empleo ha crecido hasta abril un 17% menos de lo que aumentó en ese mismo periodo en 2023 y, además, ha sido de peor calidad. De hecho, el 57% del empleo generado en este cuatrimestre es fijo discontinuo, siete puntos más que el año anterior.
Los datos muestran, por tanto, una moderación en el mercado de trabajo. El aumento de los costes laborales -sobre todo, por el alza de las cotizaciones sociales derivada de la reforma de las pensiones- podría estar ya frenando las contrataciones, tal como advierte el Banco Central Europeo. España, con un 28,3%, sigue siendo el país con la mayor tasa de paro juvenil de la UE.
En lugar de contribuir a frenar esta situación, la reforma de las pensiones añade barreras al empleo y ahonda en la insolidaridad intergeneracional. La desproporcionada cifra de paro juvenil no puede aceptarse como parte del paisaje de un país que condena a sus nuevas generaciones al subsidio. En este sentido, resultaría oportuno adecuar la oferta universitaria a la demanda empresarial e impulsar la FP mixta. Solo políticas públicas de economía abierta destinadas a favorecer la empleabilidad y la creación de negocios por parte de los jóvenes pueden contribuir a revertir un lastre agravado por la dificultad en el acceso a la vivienda.
En este contexto, afrontar el reto demográfico se ha convertido en una prioridad. España es el segundo país de la UE con más población inmigrante por detrás de Alemania, pero tan sólo un 23,1% de los extranjeros residentes en el país en edad de trabajar cuenta con una titulación universitaria, el quinto porcentaje más bajo de todo el continente, según Eurostat.
Mientras España manda universitarios al mundo -un 60% de los españoles que emigra han ido a la universidad-, la poca cualificación de los extranjeros residentes plantea un desafío demográfico y compromete la productividad, el crecimiento económico y las finanzas públicas. Para compensar el envejecimiento y los empleos vacantes, se necesitan más foráneos y mejor formados.
El dinamismo del mercado laboral es una buena base, pero las reformas pendientes exigen estabilidad y grandes acuerdos. Ambas condiciones son hoy inviables con un Gobierno en minoría y en un clima de crispación asfixiante.