NotMid 15/09/2022
OPINIÓN
PILAR VELASCO
Ha costado varias crisis financieras, una guerra en suelo europeo y las amenazas directas de Rusia, para que Europa coloque la protección de las familias en el centro de la cruzada por salvar la democracia. “Todavía hay que ganar una guerra”, titulaba el digital de referencia en Bruselas politico.eu, tras el tercer discurso sobre el estado de la Unión de Ursula Von der Leyen. Es cierto, pero es importante conocer por qué se va a la contienda y en qué condiciones. Los dos anuncios esperados han llegado: el límite al precio de la electricidad y un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas con la previsión de recaudar 140.000 millones de euros. Unos ingresos para que los Estados miembro inviertan en protección social y no “para forrarse”, como diría el PP.
Las medidas para afrontar un invierno de economía de guerra cambian las reglas del mercado liberal como lo conocíamos. Es reconfortante que la llamada a la unión y la solidaridad desde la Comisión señale sin pudor los beneficios desorbitados de las grandes empresas beneficiarias de la crisis energética. Y es desolador que eléctricas, petroleras y bancos no hayan hecho un solo gesto de “empatía social” -como decía Nadia Calviño- para “arrimar el hombro”. Que ante el intento de repartir la justicia social, en España intenten escaquearse. De ahí que en Europa el impuesto se vaya a aplicar sobre los beneficios y en España a las ventas, ante la sospecha de que puedan intentar ocultarlos en las cuentas de resultados.
Ajenos a la sociedad, al contexto europeo, a los estragos de la guerra, el mensaje de las grandes empresas de energía y entidades financieras es mostrarse inclementes en la protección de sus ganancias. El chantaje de Putin no les interpela. Y con una equidistancia casi envidiable, podrían tener sede en Madrid como en una isla remota de las Maldivas, actúan como si no fuera con ellos. La inflación supera el 10%, familias y Pymes hacen cuentas para llegar a fin de mes, los sueldos crecen un escaso 2% y les parece normal hacerse de oro en plena emergencia económica y social.
Por recordar algunas cifras del último balance de resultados. El Santander superó el 30%, un 59% más el BBVA, 17% Caixabank, o un 78% más el Sabadell: Iberdrola, Repsol y TotalEnergies duplicaron ganancias. Ursula Von der Leyen ha verbalizado lo que las instituciones europeas llevan meses señalando: el patrón por el cual bancos y energéticas ganan más a costa de la guerra. Lo que están haciendo, y en esto España también se ha adelantado, es buscar fórmulas para corregir un desequilibrio insostenible.
Ajenos a la sociedad, al contexto europeo, a los estragos de la guerra, el mensaje de las grandes empresas de energía y entidades financieras es mostrarse inclementes en la protección de sus ganancias.
Como sociedad, es desalentador que no se sientan interpeladas. Que justifiquen su existencia sólo por la cuenta de resultados y no por su función social. Ojalá ese “arrimar el hombro” hubiera sido iniciativa de quienes más ganan. Pero no ha sido así. Hasta ahora se han gastado más en informes y estudios para evitar el impuesto recién aprobado en el Congreso, en animar al PP a defender su causa, que a plantear alternativas impositivas para compensar las comisiones e intereses que nos cobran a todos.
En la anterior crisis los bancos sólo se protegieron a sí mismos a costa de las economías familiares. No devolvieron el rescate bancario, ni fueron condenadas por colocar un producto tóxico como las preferentes, toparon las hipotecas a su favor con las cláusulas suelo que resultaron irregulares. En el fragor de los peores años, activaron desahucios por impago a familias y pensionistas sin remordimientos. Los tiempos han cambiado. Ya no es permisible ser líderes europeos en desahucios, o que los bancos no tengan que asumir las medidas que sean necesarias para proteger a las familias de perder sus casas o sus ahorros.
Europa ha tenido una dependencia excesiva de los combustibles fósiles y el gas ruso. Los grandes bancos y las energéticas tienen todavía una adicción desmesurada a los beneficios extraordinarios. Ambas son mortales tanto para el planeta como para la solvencia democrática. Europa ha entendido que no podía quedarse como estaba. Las grandes corporaciones no quieren entender que ahora les toca a ellos. Una desubicación frente al tiempo y el contexto europeo que la política debe corregir. Quedarse como están, multiplicando beneficios al margen del contexto social, ya no es posible.