Se trata de una discusión política, sin valor jurídico ni resolución, en la que participarán sobre todo diputados españoles
NotMid 16/11/2023
EUROPA
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, el órgano formado por los líderes de todos los grupos de la cámara, ha aprobado este jueves la celebración de un debate monográfico sobre la ley de amnistía y el Estado de derecho en España. El Europarlamento celebra una sesión plenaria en Estrasburgo aproximadamente cada mes, y en cada una de ellas hay un debate de actualidad. A inicios de semana, el Partido Popular Europeo, a instancias del PP, propuso la situación en nuestro país, y Renew Europe, el grupo liberal al que está adscrito Ciudadanos, se sumó también, como los conservadores y reformistas. La iniciativa sale adelante con el voto en contra de socialistas y la izquierda.
“El Parlamento Europeo acaba de aprobar nuestra petición para debatir en el pleno sobre la erosión del Estado de derecho en España por la amnistía y los pactos de Sánchez contra la independencia judicial. Se están vulnerando los principios que defiende la UE”, ha afirmado la popular Dolors Montserrat. “El Parlamento Europeo acaba de aprobar la petición conjunta de debate que impulsamos desde el grupo liberal para que la Eurocámara discuta sobre la situación del Estado de derecho en España durante el próximo pleno. Los valores de la Unión son un límite democrático que no se debe rebasar, incluso para aquellos que no tienen ningún límite para intentar seguir aferrados al poder”, ha coincidido Adrián Vázquez, el jefe de filas de Ciudadanos en Bruselas.
El debate será estrictamente político, no tiene ninguna repercusión legislativa o jurídica y no va acompañado de ninguna resolución o votación. Tendrá lugar en el Pleno, previsiblemente martes o miércoles, y participarán, previsiblemente también, una amplia mayoría de diputados españoles de todos los grupos: PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y los nacionalistas, como ocurre cada vez que se produce algo parecido.
PP y Ciudadanos quieren europeizar la ley de amnistía y llevar la cuestión del Estado de derecho a todos los rincones. Creen, como los independentistas desde 2017, que la intervención de la UE y todas sus instituciones es necesaria, imprescindible e inevitable, para frenar lo que consideran un atropello. La Eurocámara no tiene competencias concretas sobre la materia, pero es la institución política por excelencia, con más de 700 diputados de todo el continente y medios de comunicación que siguen la actualidad muy de cerca.
Mientras la Comisión Europea, que es la guardiana de los Tratados, examina jurídicamente la ley presentada por el PSOE, tras el acuerdo con Junts, la oposición española quiere meter presión, toda la posible. El objetivo último, o la aspiración, es que la Comisión Europea acabe pronunciándose en contra del texto de la amnistía, a pesar de que como explican desde hace semanas altas fuentes de la casa, sus competencias también son limitadas. Las amnistías, per se, son cuestiones de ámbito nacional, y ha habido muchas y de muchos tipos en los últimos años en diversos países.
Bruselas exigía al Gobierno, que es su interlocutor aunque el texto formalmente salga del grupo parlamentario socialista, que no hubiera en la amnistía ni en ninguna otra ley la posibilidad de que los fondos comunitarios quedaran en peligro, y en el documento hay un artículo, el 2.e, en el que expresamente se dice que el dinero europeo queda protegido y no habrá amnistía para delitos para quien haga mal uso de ello. Y tampoco hay referencias expresas al lawfare o a la posibilidad de que el legislativo quiera revisar las condenas de los tribunales, una línea roja absoluta para la UE.
Pero si no es jurídica, el PP y Ciudadanos quieren que haya una condena, una censura, una crítica política. Y eso es posible. Bien por parte de la presidenta Ursula von der Leyen, del PP también, bien por parte del Colegio o de algunos de los comisarios. Desde el entorno de la presidenta reiteran que analizarán el texto con cuidado, pero también dicen que hay que esperar a ver qué texto es el bueno, porque en el largo proceso parlamentario puede haber enmiendas y modificaciones.
La oposición española cree que cuando más ruido haya, más diputados, diplomáticos y periodistas de todo el mundo escuchen sus argumentos, más presión habrá sobre las instituciones. E incluso generará un poso por si la cuestión acaba en los tribunales, bien en el TJUE en Luxemburgo, bien en Estrasburgo.
De momento nadie se ha pronunciado, ni Von der Leyen ni la propia presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, también del Partido Popular Europeo. Y menos Charles Michel, el belga que preside el Consejo Europeo. Tampoco hay ningún comentario desde ninguna capital continental. Sólo líderes políticos de la Eurocámara, y no todos (la de los socialdemócrátas coincide que es la española Iratxe García)
Pero cuanta más repercusión, más atención, más posibilidades, consideran. Por eso el debate, que sin duda será bronco, agresivo y casi enteramente nacional, es el primer paso, el más habitual. Los diputados están ya acostumbrados a estas cosas. No todos los países lo hacen, pero España, a pesar de que poco a poco se ha convertido en la principal generadora, no es la única tampoco. Los grupos están prevenidos, las familias políticas saben a lo que atenerse y habrá por eso mismo diputados de otras nacionalidades que intervengan. Todas las delegaciones españolas se lo han pedido ya, porque saben que si sólo son políticos españoles tirándose los trastos la repercusión y la imagen es otra.
El PP llevará también el tema al Comité de las Regiones a final de mes una institución muy secundaria y que no tiene ningún peso en el día a día político de la Unión, pero en la que están representadas las autonomías. También Cataluña.
Agencias