En un comunicado, el gobierno chavista procura desacreditar al Panel de Observadores por haber mantenido presuntos contactos telefónicos con funcionarios de Estados Unidos, lo que indica que vigilaban sus conversaciones
NotMid 14/08/2024
IberoAmérica
En un comunicado emitido por el régimen de Nicolás Maduro, en el que rechazó el “Informe Preliminar” del Panel de Expertos Electorales de la ONU, la dictadura chavista confirma que las autoridades venezolanas realizaron espionaje ilegal durante la visita de los expertos.
El documento oficial acusa al Panel de Expertos de tener contactos frecuentes con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que según el régimen, convertiría sus declaraciones en producto de instrucciones hostiles emanadas de la nación norteamericana.
Este hecho, en caso de ser cierto, demuestra que la dictadura estaría vigilando e interviniendo las conversaciones que los expertos tuvieron durante su estadía en el país caribeño.
Este es el fragmento en cuestión: “Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
El informe de la ONU criticado por el régimen de Nicolás Maduro menciona que los expertos Domenico Tuccinardi (italiano y jefe de la delegación), Fernanda Abreu (portuguesa), Roly Dávila (guatemalteco) y Maria de Lourdes González (mexicana) tuvieron acceso a todas las fases del proceso electoral, en las cuales Maduro fue declarado de forma fraudulenta como el ganador. Sin embargo, el comunicado oficial denuncia que los expertos emitieron “opiniones irresponsables y sirvieron a intereses golpistas de la ultraderecha venezolana”, interactuando con estos líderes antes, durante y después de las elecciones.
El régimen venezolano afirmó que el informe “difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no sólo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios Términos de Referencia suscritos con el Poder Electoral venezolano”. Este rechazo señala, según ellos, un acto de propaganda.
La actitud de los expertos fue calificada como poco ética y profesional por el régimen de Maduro. Según el comunicado, el accionar de estos individuos “ha dejado una huella negativa y ha impulsado una agenda violenta con el objetivo de dañar la democracia venezolana y sembrar dudas sobre el funcionamiento de sus instituciones”.
La ONU ha sido objeto de críticas desde la dictadura de Maduro que realizó un seguimiento a las comunicaciones de los expertos durante su estadía en Venezuela y revela un nivel de espionaje que el régimen ha empleado contra los observadores internacionales.
Este evento ha suscitado reacciones adversas y numerosos debates en la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela y el rigor con el que se llevan a cabo las misiones de observación de la ONU. A pesar de las acusaciones del régimen, los expertos de la ONU mantuvieron que su trabajo fue realizado de manera justa y con el objetivo de revisar imparcialmente el proceso electoral.
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El comunicado del chavismo
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La segunda parte del comunicado
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La parte final del comunicado
La situación en Venezuela sigue siendo de vigilancia constante por parte de organismos internacionales, y el incidente de espionaje declarado pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los observadores en contextos de alta tensión política. El futuro de la cooperación y la asistencia técnica en estos escenarios quedan cuestionados tras estas revelaciones.
La arremetida del régimen contra los expertos de la ONU se debe a que la Secretaría General de la ONU concluyó este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, sometido a la dictadura de Nicolás Maduro, no respetó las disposiciones reglamentarias al publicar los resultados de las elecciones del 28 julio. Además, destacó que la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en el país caribeño.
“Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”, señala el informe.
“Esto tuvo un impacto negativo en la confianza de gran parte del electorado venezolano en el resultado anunciado por el CNE”, afirmaron los expertos de Naciones Unidas.
Según las revisiones llevadas a cabo por los expertos del panel, “una pequeña muestra” de actas publicada por la oposición presentó todas las características de seguridad correspondientes a los protocolos originales de resultados.
“Esto sugiere que puede estar disponible una salvaguardia clave de transparencia, como se pretende, con respecto a cualquier resultado publicado oficialmente”, añadieron.
Señalaron, además, que la transmisión electrónica de resultados comenzó funcionando correctamente, pero se interrumpió abruptamente horas después del cierre de las mesas de votación, sin que se ofreciera ninguna explicación o información a los candidatos ni al panel de la ONU en ese momento.
Al contrario, al anunciar los resultados, el presidente del CNE afirmó que un “ciberataque terrorista” había afectado la transmisión, lo que provocó un retraso en el proceso de tabulación. Sin embargo, la órgano comicial de la dictadura “decidió posponer y, posteriormente, cancelar tres auditorías post-electorales clave, incluida una sobre el sistema de comunicación, que podría haber esclarecido la posible ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura de transmisión”.
La noche del 28 de julio, el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro con 5.150.092 de votos (51,2%), seguido por el abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia con 4.445.978 votos (44,2%), sin embargo, aún no publica los resultados desagregados que confirmen la victoria del dictador caribeño, un silencio que ha sido cuestionado por numerosos países y organizaciones, incluido el Centro Carter, que participó como observador en los comicios.
Los resultados desataron, además, protestas que dejan 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos.