Cualquier colaboración con quien tiene como objetivo principal de su política exterior hacer daño a la UE no puede contar con el visto bueno de la Comisión
NotMid 01/02/2024
ESPAÑA
Las instituciones europeas han abordado casi desde el primer día el debate sobre la amnistía española con prudencia y unas reservas concentradas en los dos temas que más preocupaban en Bruselas: el mal uso de fondos comunitarios y cualquier vulneración de la separación de poderes para que, bajo el paraguas de la «lucha contra el lawfare», el poder legislativo asuma revisar las decisiones de los tribunales. Sin embargo, con la profundización de la negociación Junts-PSOE, han surgido otras dos cuestiones muy delicadas que dificultan la evaluación por parte de la Comisión Europea, que se hará una vez que el Congreso apruebe el texto final: el terrorismo y todo lo que rodea a las relaciones entre Carles Puigdemont y su entorno con Moscú. Cuando se trata de Rusia, da igual qué y cómo, la gente se pone muy nerviosa, explican en la capital comunitaria.
La evolución del proceso da la razón a quienes en la Comisión abogaron por esperar a tener una ley definitiva aprobada. Las presiones siguen siendo muy altas, pero tanto desde el equipo de la presidenta Von der Leyen como en los de los comisarios responsables, Didier Reynders y Vera Jourova, insistieron siempre en no opinar por anticipado. En privado, por el contrario, los contactos han sido constantes desde verano.
Bruselas marcó las líneas rojas, advirtió al Gobierno, y por eso sus dos exigencias quedaron claramente reflejadas en el texto inicial. Ni amnistía a quien comprometió las finanzas de la Unión ni mención al lawfare. Pero en los últimos días se añadieron elementos nuevos y delicados.
Este martes, los ojos de media Bruselas se dirigían al Congreso. No sólo porque la agenda ha querido que coincidan en la ciudad esta semana el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, los negociadores Bolaños y Pons, media docena de presidentes autonómicos y otros tres ministros, además de un buen número de alcaldes. En la Eurocámara, los líderes de los grandes grupos preguntaban a lo largo de la tarde qué pasaba en la votación, para saber a qué atenerse. Y en la Comisión, aún más.
Inquietaban posibles enmiendas de última hora que hicieran totalmente inasumible la amnistía. Hay sorpresa por lo que ha pasado en España desde julio y el giro del Gobierno. Y hay gente hasta indignada. También hay voces, quizás hasta mayoritarias, que creen que si la amnistía sirve para pasar página, bienvenida sea. Habrá un dictamen oficial, y con todo lo que ha ocurrido es casi imposible que no se valore políticamente.
Dicho eso, una cosa es lo que afecte a Cataluña y a España, a los partidos políticos, y otra cosa es lo que implique a Rusia, la injerencia del Kremlin, el deseo de Vladimir Putin de generar caos. El sumario sobre las relaciones entre el entorno de Puigdemont y Moscú no es muy conocido en las instituciones y generaba reservas. Pero al mismo tiempo, el análisis oficioso que se hace es que si lo que se investiga es cierto, quedara probado y hubiera condenas, eso no podría quedar cubierto por la Ley de Amnistía. No es sólo una cuestión de traición, de ámbito nacional. Sino que es difícilmente discutible que cualquier colaboración, alianza o entendimiento con quien tiene como objetivo principal de su política exterior hacer daño a la UE no puede contar con el visto bueno de Bruselas. «Hay puertas a las que no se puede llamar. Ni en broma, ni por ignorancia ni por irresponsabilidad», comenta muy críticamente alguien implicado en el proceso a nivel europeo.
El Gobierno ha recibido los mensajes estas semanas, y en los últimos días, y ha sido parte de su argumentario con Junts, que no ha atendido a esas razones y ayer insistió en sus enmiendas y frenó la tramitación de la amnistía sin ellas. Para Sánchez, ir al choque y quedar en evidencia con la Comisión sería un precio altísimo, y más teniendo en cuenta que él estará en Bruselas este miércoles y que el comisario Reynders empezará su trabajo de facilitador entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ y sentar las bases de la posterior reforma del sistema de elección e vocales. Pero si además, como parecen decirle sus interlocutores europeos, las cuestiones de Rusia e incluso terrorismo chocaran contra el muro del Tribunal de Justicia de la UE, tendría lo peor de ambos mundos: ni ley, ni honra. Hasta ahora ha escuchado atentamente los mensajes y advertencias comunitarios. Tiene un mes para decidir si sigue haciéndolo o se lanza a territorio no explorado.
Agencias