Más allá de la eventual responsabilidad penal, el proceder de la mujer de Sánchez es política y éticamente inaceptable
NotMid 05/06/2024
EDITORIAL
La citación de Begoña Gómez para que el 5 de julio declare como imputada en los juzgados de Plaza Castilla por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios es un hecho político de extraordinaria relevancia. Por primera vez en la historia de nuestro país, la mujer del presidente del Gobierno se sentará ante un juez como investigada. Lo insólito de la situación, unido a las nuevas informaciones en torno a la plataforma digital que promovió a través de su máster en la Universidad Complutense, dan muestra de que, más allá de la responsabilidad penal que pueda acreditarse, el proceder de Gómez constituye un gravísimo problema de orden político.
En cualquier país avanzado, sería inimaginable que las relaciones empresariales de la cónyuge del presidente no acarrearan una exigencia de explicaciones y, en su caso, una depuración de responsabilidades. En cambio, lejos de contribuir a la transparencia y de someterse a una rueda de prensa, Pedro Sánchez se ha lanzado a un intento desesperado por cambiar el marco que ya roza lo cómico, con una segunda «carta a la ciudadanía» de tono victimista a cinco días de las elecciones europeas.
Incapaz de legislar debido a su minoría en el Congreso, el presidente insistió en deslegitimar a la Justicia y a la prensa con un incalificable «todo es mentira», tachando la instrucción, que está cumpliendo con todas las garantías, de «zafio montaje» (…) «de una coalición capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal». Sin embargo, la nueva ocurrencia populista de Sánchez no debería desviar la atención de lo verdaderamente relevante: los hechos. Y los hechos son estos.
En primer lugar, ayer el juez del caso Begoña Gómez emitió un auto en el que la llama a declarar. En su escrito destacan dos elementos, que refuerzan el aval a su investigación que le ha otorgado la Audiencia Provincial de Madrid. El principal es la existencia de indicios objetivos que justifican la sospecha de una conducta delictiva. El otro es la actuación de la Fiscalía, que ha operado con una «diligencia inusitada y una celeridad escasamente frecuente, por no decir nunca conocida», para archivar la causa.
En segundo lugar, día a día siguen conociéndose nuevos hechos que, añadidos a las exclusivas que dieron origen al proceso judicial, ponen de relieve que la mujer del presidente ha roto códigos de conducta básicos. Gómez no solo pidió a Indra, Telefónica y Google que crearan gratuitamente una aplicación para su máster, y para ello fue recibida por altos cargos de estas compañías, sino que después registró a su nombre la marca de la plataforma, propiedad de la Complutense. Hoy publicamos que en los folletos con los que presenta su cátedra asegura haber contado con la colaboración de una treintena de empresas e instituciones.
Todos los elementos contrastables conocidos hasta ahora dibujan una sucesión de tratos de favor que no son política ni éticamente aceptables. La Justicia debe hacer su trabajo, pero la responsabilidad política es indudable y atañe al presidente del Gobierno.