La amnistía es inaplicable a los casos de malversación en los que exista «beneficio patrimonial». Y los jueces que tendrán que decidir si se la aplican a Puigdemont ya se han pronunciado hace un año acerca de si concurre o no ese lucro individual en el 1-O
NotMid 02/06/2024
OPINIÓN
JOAQUÍN MANSO
A las 10.35 del jueves, Alberto Núñez Feijóo terminó su intervención en el Congreso para manifestar su rechazo a la Ley de Amnistía. Unos segundos después, de manera calculada y consciente, el presidente del Gobierno, ausente durante todo el debate, accedió teatralmente al hemiciclo, antes de que Francina Armengol convocara a los diputados para la votación definitiva. Este gesto simbólico envía nuevamente el mensaje político de frentismo y deslegitimación democrática de la oposición que, en realidad, subyace bajo la norma: no hay amnistía sin muro ni concurre otro objetivo más importante que el de bloquear la alternancia.
«Esta ley no es perdón, ni es clemencia, es victoria», fue el elocuente resumen que hizo desde la tribuna la diputada de Junts Míriam Nogueras en nombre de Carles Puigdemont. La amnistía instala la narrativa de desautorización de las instituciones que hicieron frente al 1-O que más conviene a los enemigos de la Constitución. Su mayor éxito ha sido precisamente arrastrar al PSOE hacia posiciones extramuros de su condición de partido sistémico y vertebrador, hasta un punto y aparte más allá de cualquier posibilidad de recuperar los consensos. La arbitrariedad que representa la transacción de impunidad a cambio de siete votos es un precedente disolvente para el Estado de Derecho y la advertencia de un peligroso deslizamiento autoritario.
El conflicto entre instituciones -y dentro de las mismas- que provocará la irrupción de la amnistía en los tribunales adquirirá dimensiones que no imaginamos. De momento, el Gobierno apura su entrada en vigor para que no sobrevengan antes de las europeas ni, a ser posible, antes del 10 de junio, cuando se constituye la Mesa del Parlament. Aprovechando la euforia atmosférica, Puigdemont presiona a ERC para que el independentismo se haga con su control y designe al prófugo como candidato a president aunque no tenga los apoyos necesarios: si fuese así y el Supremo decidiera detenerlo si regresa para la investidura el 25 de junio, la situación daría la vuelta al mundo. La mera eventualidad constituye una herramienta de chantaje.
Hasta ahora se descontaba que el Supremo presentaría una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que retrasaría la plena efectividad de la amnistía. Así será pero el escrito de los fiscales del 1-O introduce una alternativa mucho más perjudicial para los intereses de Puigdemont: sin necesidad de acudir a la UE ni al Constitucional, consideran que la ley es inaplicable al delito de malversación agravada, que es el que sirve para mantener vigente la orden de detención nacional y el que puede reactivar la euroorden bajo amenaza de acabar en prisión por más de seis años. Para salvar el derecho europeo, la amnistía declara excluidos de su aplicación los casos en los que haya existido «enriquecimiento personal» o «beneficio patrimonial».
Pues bien, ocurre que los jueces que tendrán que decidir si aplican la amnistía a Puigdemont -el instructor, Pablo Llarena, y el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, al frente de su tribunal- ya se han pronunciado acerca de si concurre o no ese lucro individual en el 1-O. Como recuerdan los fiscales en su escrito, lo hicieron en enero y febrero de 2023, en los autos en los que tuvieron que revisar el procesamiento y la sentencia, respectivamente, con motivo de la reforma del Código Penal que derogó la sedición y pretendió rebajar la malversación. En ambos casos, resolvieron con idéntica y diáfana conclusión: «Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular». Resulta asombroso que los redactores de la amnistía, que torpemente fueron adaptándose a los sucesivos obstáculos que fueron surgiendo para sus propósitos, dejasen pasar un precedente tan claro y reciente.
El mensaje de desigualdad que contiene la amnistía se proyectará en todos los ámbitos y tendrá un reflejo en la mutación de facto del modelo territorial. En un artículo reciente en La Vanguardia, el ex ministro Manuel Castells, uno de los más destacados figurantes en la fotografía con la que Salvador Illa celebró el 12-M, establecía así el marco que salió de las catalanas: «Se ha abierto una nueva etapa, que no entierra el independentismo sino que lo enraíza en el mundo real». Esto es: el abandono de la vía unilateral al mismo tiempo que se aprovecha la influencia imprescindible del secesionismo en la gobernabilidad cruzada para avanzar en la configuración de Cataluña como una confederación extractiva que diluya su vínculo de solidaridad con el Estado a través de un pacto fiscal y la descentralización del Poder Judicial. Los dos están en el programa del PSC. «Próxima parada: referéndum».
Sánchez no podrá sacar adelante los acuerdos que dan la vuelta al pacto constitucional sin una estrategia contumaz de erosión de los contrapesos: la prensa crítica y los jueces. En situación de escandalosa debilidad, aún más aguda cuando nadie puede predecir hasta dónde alcanza la magnitud de la corrupción ni de qué forma podrá resolver la encrucijada en la que le pone Puigdemont si no es president, ese es precisamente el plebiscito existencial al que nos convoca el 9-J.
