El envejecimiento de la población convierte la integración laboral de los extranjeros en factor clave para mantener la solidaridad intergeneracional en un mercado de trabajo del que cada año salen más personas
NotMid 17/12/2022
EDITORIAL
La inmigración va camino de convertirse en uno de los puntales para cimentar la economía española a las puertas de un año clave, 2023, que marca el comienzo de la jubilación de la generación del baby boom y en el que se asentarán las bases de la segunda parte de la reforma de las pensiones.
El envejecimiento de la población, en línea con la tendencia de los países occidentales -donde crece la esperanza de vida y baja la natalidad-, convierte la integración laboral de los extranjeros en factor clave para mantener la solidaridad intergeneracional en un mercado de trabajo del que cada año salen más personas. De hecho su representación por tramos de edad evidencia que acuden sobre todo en busca de oportunidades laborales: entre los 25 y los 39 años, de cada 100 residentes en nuestro país 30 son extranjeros.
A lo largo de la última década, la población nacida en España ha ido en descenso, mientras la foránea crecía. Sólo en 2021, por ejemplo, 600.000 personas establecieron su nueva residencia en España, la mayoría en Cataluña (22,6%), Madrid (18,3%), la Comunidad Valenciana (14,5%) y Andalucía (14,4%). Y a 1 de enero del año pasado la cifra de nacidos en otros países alcanzaba ya los siete millones y medio (el 15,8% de la población total, un máximo histórico). El flujo de entradas netas va, además, en aumento:hasta 2050 se calcula una media anual de 330.000, según la AiRef, o un total acumulado de cuatro millones, según las proyecciones del INE.
Ni siquiera la amenaza de recesión que nubla el horizonte del nuevo año -alumbrada por una inflación galopante que deriva de la crisis energética y las tensiones geopolíticas de la guerra de Ucrania- ha frenado la llegada de migrantes. Al contrario, la ha acelerado tras la crisis sanitaria que desencadenó la pandemia en 2020. Ese año y pese a las restricciones provocadas por la expansión del virus, medio millón de extranjeros llegaron a España para vivir aquí. Buena parte de esa población está, además, «consolidada»: más de la mitad entraron en el país hace más de una década, con lo que están plenamente asentados.
Sin embargo y a pesar de la dimensión que el fenómeno ha adquirido en los últimos años, la inmigración como reto demográfico y económico está ausente del debate público. Como pone de relieve la información sobre el estudio de Funcas en nuestras páginas, ni siquiera se alude a él demasiado en el plan de recuperación post-Covid presentado por el Gobierno a la Unión Europea en otoño de 2020: a lo largo de sus 350 páginas sólo cinco mencionan la palabra inmigración.
El Ejecutivo debe, por tanto, poner sobre la mesa un plan detallado que informe sobre las líneas de actuación política en materia de inmigración y aborde la cuestión no sólo desde la perspectiva económica, sino también desde el punto de vista de su integración social.
