NotMid 02/12/2024
OPINIÓN
Erik Jennische
En un mes, Edmundo González Urrutia debería ser investido como presidente de Venezuela. En las elecciones del 28 de julio, dos tercios de las personas votantes lo eligieron -según el 83% de las actas de las mesas de votación publicadas por la oposición- mientras que menos de un tercio respaldó a Nicolás Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de ese país inventó un resultado distinto y declaró a Maduro como ganador.
Si los gobiernos de América y Europa no adoptan una estrategia para garantizar la transición democrática, Maduro será instalado el 10 de enero para un tercer mandato de seis años. Falta ahora un plan que pueda unificar a los gobiernos de las dos regiones que se preocupan por los derechos humanos del pueblo venezolano.
El origen del problema actual es que la CNE no ha mostrado las actas de las mesas de votación de las elecciones presidenciales. Dentro del país, el resultado que presentó la entidad solo fue aceptado por el movimiento político de Maduro, las fuerzas armadas, la policía y sus aliados en el Tribunal Supremo de Justicia. La sociedad civil, la oposición y la prensa independiente lo ha rechazado. Y tanto el centro Carter como Naciones Unidas y otras organizaciones y medios internacionales dicen que los resultados presentados por la oposición son creíbles.
Este gigantesco fraude electoral es una violación clara de los derechos civiles y políticos de quienes votaron. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos tienen derecho a «votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores». Pero ni los votos a favor de Maduro, ni los de González ni de ningún otro candidato fueron debidamente contados por las autoridades.
Las protestas tras las elecciones provocaron una represión masiva, con miles de detenciones arbitrarias, torturas en las cárceles y decenas de manifestantes muertos por balas de la policía y los militares. Según la organización Foro Penal hay todavía 1887 personas detenidas por motivos políticos en el país, de las cuales 41 son adolescentes. Foro Penal también informa que, entre los detenidos, hay al menos 27 ciudadanos de la Unión Europea: 16 ciudadanos españoles, ocho italianos y tres portugueses, además de un ciudadano de un país candidato, un ciudadano ucraniano.
Dado que ya han pasado cuatro meses desde las elecciones, es hora de que los gobiernos de América y Europa reconozcan a González Urrutia como el legítimo ganador. Esto no cambiará inmediatamente la situación, ya que muchos de estos gobiernos tampoco reconocieron como legítima la elección presidencial de 2018, sin embargo, es una postura de principios importante.
Pero ahora son necesarias medidas más fuertes y sincronizadas por parte de esos gobiernos para posibilitar que González Urrutia sea instalado como presidente el 10 de enero.
Primero, los gobiernos de América y Europa deben anunciar ahora mismo que, si González no es investido, las sanciones sobre políticos, líderes militares, jefes policiales, miembros del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Supremo de Justicia responsables del fraude y las violaciones de derechos humanos se ampliarán e incrementarán gradualmente. Hasta ahora, la unidad entre los responsables por el fraude y la represión ha sido sólida. Pero bajo presión cada vez más fuerte, eventualmente comenzará a fracturarse. Entonces habrá también personas con quienes negociar las condiciones de una transición pacífica del poder.
Segundo, los gobiernos que realmente quieran apoyar la democratización en Venezuela deberían respaldar el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional basado en investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. A los funcionarios venezolanos que proporcionen información y testimonios ante este mecanismo, o que contribuyen a la transición a la democracia, se les podría ofrecer indulgencia en futuros procedimientos judiciales.
Tercero, al no reconocer a Maduro como presidente, los gobiernos también deben tomar medidas verticales, como impedir que Venezuela participe en la cooperación UE-CELAC incluida la cumbre que se celebrará en Bogotá en 2025. Los gobiernos deben dejar muy en claro que las cosas no seguirán igual.
Cuarto, los gobiernos con ciudadanos detenidos arbitrariamente en Venezuela por razones políticas deben exigir la posibilidad de visitarles en prisión y brindarles apoyo legal, además de exigir su liberación incondicional.
Quinto, los gobiernos de las dos regiones, así como la UE misma, deberían aumentar su apoyo financiero a las organizaciones de derechos humanos venezolanas.
El ataque a la democracia en Venezuela lleva más de 20 años, y es cada vez peor. Si los gobiernos latinoamericanos no enfrentan con dureza el fraude electoral de este año, es probable que episodios como este se vean en toda la región en el futuro próximo.
El pueblo venezolano le abrió la puerta a Nicolás Maduro para que saliera del poder con la frente en alto después de perder las elecciones. La puerta sigue abierta, y es ahora el momento de que los gobiernos aliados a la democracia venezolana muestren que no hay otro camino.
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Erik Jennische es director del departamento América Latina en Civil Rights Defenders.
