Si el líder del PP arranca al PSOE la garantía de reforma del sistema de elección de los jueces, entonces se presentaría como alternativa ilusionante y sería creíble su compromiso de cambiar la ley en cuanto llegue al poder
NotMid 16/10/2022
OPINIÓN
JOAQUÍN MANSO
Durante su intervención en el foro Cita con EL MUNDO de este martes, Alberto Núñez Feijóo se refirió repetidamente a la vigencia de un Pacto del Tinell no escrito «elevado a la máxima potencia».
Aquel acuerdo firmado en el Palacio Real Mayor de Barcelona en vísperas de las Navidades de 2003 representó un punto de inflexión: el PSC se entregó al nacionalismo y abrió la puerta del Gobierno de Cataluña, y por tanto de la respetabilidad institucional, al populismo entonces minoritario de ERC, que automáticamente irrigó una infección tóxica en el discurso público; y orientó desde ese momento toda la acción de gobierno de Cataluña a la alteración del diseño territorial del Estado sobre la base emocional del resentimiento hacia España. Esa estrategia pasaba necesariamente por colocarle un estigma antidemocrático al partido que por su propia naturaleza más iba a oponerse: el PP.
La asunción por el PSOE de ese planteamiento de intolerancia inició una quiebra de la confianza en el consenso constitucional sobre la idea compartida de España. «El Tinell es el origen de todo lo que ha sucedido después», concluyó Feijóo con acierto.
Si éste es el contexto, el líder gallego del PP tiene claro entonces que cabalga sobre un tigre en el proceso de negociación que ha iniciado para renovar los órganos constitucionales en medio de la crisis inédita, profundísima y con repercusiones imprevisibles que se abre tras la honrosa dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Pedro Sánchez ha llevado a «la máxima potencia» aquella idea del Tinell porque ha atado sus expectativas a ERC, formación protagonista el 1-O de la mayor acometida padecida por nuestra democracia y destinada a un objetivo existencial que pasa por la erosión de las instituciones del Estado y el control político de los jueces, el contrapoder que desactivó y aún persigue aquel golpe. Nunca el Poder Judicial, pero tampoco la Fiscalía o el CNI habían sufrido una corrosión semejante.
Sánchez llega apremiado: la dimisión de Lesmes agudiza la presión política, clara, diáfana, inequívoca que para él representa la visita del comisario europeo de Justicia a imponerle una fecha que, no por casualidad, le señala: antes de que asuma la Presidencia de la UE en junio de 2023 tiene que haber alcanzado el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también haber iniciado una reforma del sistema de elección de vocales, para que los 12 que tienen origen judicial sean elegidos por los jueces, y no por los partidos como sucede ahora. Es Sánchez, por tanto, quien está concernido.
El PP argumenta que esta circunstancia le favorece para entablar en mejores condiciones unas conversaciones cuya resolución, inminente, en todo caso será endiablada: argumenta que su única alternativa habría pasado por obviar las renovaciones hasta que concluya la legislatura. Génova entiende que hacerlo así terminaría pudriendo el Poder Judicial, con los vocales dimitiendo en bloque y los tribunales paralizados, y abocando a un deterioro sistémico, terminal, del conjunto de las instituciones. Enfrente, la negociación se produce sin embargo sin que el Ejecutivo haya retirado el chantaje del colapso de los órganos judiciales que ha provocado al despojar de su competencia para hacer nombramientos al CGPJ. En una columna memorable de hace tres años en EL MUNDO, Rafa Latorre bautizó como «la del perro loco» esta estrategia genuina que consiste en utilizar la ausencia de escrúpulos morales como herramienta negociadora.
Feijóo sostiene que los españoles han votado a Sánchez. Que dejar de negociar debilitaría el leitmotiv que le presenta como el representante de «la España moderada» y se traslada a toda su agenda de valores y de gestión: la voluntad de concordia, los acuerdos de Estado, el cumplimiento de la ley… Así pues, en flagrante minoría, con la credibilidad tocada porque el PP pudo cambiar el sistema dos veces y no lo hizo y también porque la negociación anterior se frustró en 2018 por aquel whatsapp infame, pero con Sánchez ahora muy presionado por la UE, el líder del PP se la juega.
Si obtiene que los nombramientos -que tendrán que negociarse en las Cortes para conservar una mínima estética- se produzcan al margen de cuotas y afinidades políticas y se designa a personalidades reputadas, con el prestigio y la conciencia moral que hacen falta para soportar presiones y defender la independencia judicial; y si además le arranca al PSOE, ahora al frente de una mayoría cerrada a explorarlo, una disposición adicional que garantice que se inicia una reforma del sistema de elección para que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces y que reconozca que el actual modelo no cumple con los estándares europeos… entonces se presentaría como una alternativa democrática ilusionante, y no como un mero aspirante al turnismo, sería creíble su propio compromiso de cambiar la ley en cuanto llegue al poder y será más digerible la impresión de pasteleo que la propia negociación causa entre quienes creemos en el liberalismo político y la separación de poderes.
El desbloqueo del CGPJ, si eventualmente se produce, trae consigo el del Constitucional. El Gobierno tiene por ley pendiente designar a dos magistrados, con los que alteraría la mayoría por primera vez en nueve años. El PP ya parece haber obtenido la reposición del magistrado enfermo, lo que evita el rodillo que pretendía imponerle Félix Bolaños. Pero es en esta instancia donde está en almoneda la idea compartida de España por los acuerdos del PSOE con ERC. El Tinell vigente al que aludía Feijóo. Cualquier decisión que afecte a la arquitectura constitucional del Estado pasa por la convalidación en el Alto Tribunal.
Lo sabe Pere Aragonès, que el jueves recordó en TV3 su pacto con Sánchez para desoír las sentencias que le obligan a aplicar el 25% de castellano. Ningún Ejecutivo ha aceptado someter a condición esos dos magistrados «y este Gobierno no va a aceptar nada que los anteriores no hayan aceptado», subraya Moncloa. Pero si tras esta negociación se conforma un tribunal proclive a reinterpretar las normas básicas de convivencia que regulan el diseño territorial del Estado, el PP tendrá un problema. Por eso la clave es el Constitucional.
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