Los discursos del Rey y de Perelló fueron el alentador reverso de la erosión provocada por el Gobierno y «su» fiscal
NotMid 24/01/2025
EDITORIAL
Los discursos de pura pedagogía democrática que el Rey y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo pronunciaron ayer ante Álvaro García Ortiz y Félix Bolaños fueron el alentador reverso de la erosión institucional que el Gobierno y «su» fiscal general del Estado están provocando.
La sola presencia del imputado fiscal general en la entrega de despachos a los jueces celebrada en Barcelona contravino con estridencia el elemental respeto a las instituciones. Cada vez es menos discutido, incluso entre sus afines, que el comportamiento de García Ortiz discurre ajeno a todo sentido común. Más allá de su eventual responsabilidad penal, es la responsabilidad ética individual que conlleva su cargo lo que, ante el cúmulo de indicios contra él por revelación de secretos en el marco de la operación gubernamental para atacar a Isabel Díaz Ayuso tras el inicio del caso Begoña, le obliga a dimitir.
Esa «exigencia ética» es la que invocó el Rey al dirigirse a la 73ª promoción de jueces: «Siguiendo el ejemplo de quienes hoy ya podéis llamar compañeros, tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas, convirtiendo así vuestro desempeño profesional en un constante ejercicio de rectitud que refleje la confianza que los ciudadanos depositan en la institución a la que representáis».
Las palabras de Felipe VI suponen una necesaria reivindicación del buen hacer de los jueces en un momento en que el Gobierno quiere instalar una sospecha generalizada sobre su independencia e incluso su compromiso democrático. En este contexto, el discurso de Isabel Perelló fue una destacable exhibición de independencia y liderazgo. La también presidenta del Tribunal Supremo lanzó dos mensajes muy pertinentes con el Gobierno como claro destinatario.
En primer lugar, Perelló condenó los señalamientos a los jueces, cuyo fin es «debilitar al Poder Judicial». «Los reproches ad personam, o la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones inconvenientes para ciertos intereses, están totalmente fuera de lugar. (…) Sin confianza en las instituciones -Corona, Parlamento, Gobierno y jueces- no puede haber convivencia entre diferentes». En segundo lugar, Perelló desmontó la justificación que subyace en la propuesta del Ministerio para «democratizar» la carrera judicial, sobre la idea de que la mayoría de los jueces proceden de familias pudientes y están situados en la derecha. Como publicamos ayer y como Perelló se esforzó por precisar, la realidad lo desmiente: la mayor parte de la nueva promoción son mujeres (92 frente a 45), proceden «de todas las comunidades autónomas», sus padres carecen de estudios superiores en el 34% de los casos, y siete de 10 no tienen vínculo familiar alguno con la Justicia. «El vigente sistema de acceso a la carrera judicial es democrático» y garantiza la «igualdad», protestó.
La reforma presentada contiene cambios loables, como el relativo a las becas. Sin embargo, otras medidas suscitan una gran inquietud pues abren la puerta a la promoción de cargos discrecionales. El acceso a la carrera judicial debe revisarse, pero si no se hace desde el consenso sino en medio de una campaña de descrédito de la Justicia, confiar en las buenas intenciones del Gobierno resulta imposible.