Nadie hará cumplir el 25% de clases en español, ya que la esencia del modelo autonómico es el Estado de desobediencia nacionalista
NotMid 27/05/2022
OPINIÓN
IÑAKI ELLAKURIA
Lambán, presidente de Aragón y baroncete socialista de vuelo gallináceo, cuyas quejas por la alianza de Pedro Sánchez con Podemos y el nacionalismo variado acaban siempre con su cerviz doblada ortopédicamente, cometió la ingenuidad de pensar que al ser un “querido compañero” del PSOE recibiría el auxilio del presidente del Gobierno en su pugna con la Generalitat catalana por los Juegos Olímpicos de Invierno. Una candidatura que debía ser organizada conjuntamente, pero que, tras las maniobras del COE e Miquel Iceta para convertir las pistas aragonesas en escenario de segunda que acoja solo competiciones menores, va camino de caer exclusivamente en manos catalanas.
El error de Lambán, un quiero y no puedo que recuerda en su provincial impotencia a García Page, es el que no ha cometido ni cometerá el más astuto Salvador Illa: subestimar la importancia de Oriol Junqueras en el proyecto y la supervivencia de Sánchez.
Después de la desilusión de una victoria inane en las autonómicas, Illa asumió que su único cometido como “líder de la oposición” es el de construir un escenario de veracidad para la mentira sobre la que reposa la legislatura de Sánchez y que justifica las cesiones del Gobierno a los republicanos: los indultos a los líderes del procés devolvieron a Cataluña la normalidad institucional y social. Una de esas patrañas sobre las que retoza ricamente España y que, como me apunta Carlos Feliu por SMS, nos conduce a aquellos versos de Kipling tras acabar la Gran Guerra: “If anyone question why we died, tell them, because our parents lied”.
En su función de acompañante del independentismo, el PSC ha acordado con ERC, JxCat y los Comunes de Ada Colau una ley para la escuela catalana que no fija porcentaje mínimo de horas en español y que le niega el rango de vehicular. Pacto que los nacionalistas celebran como un blindaje de desobediencia a la resolución del TSJC, que a partir del 1-J debería obligar a que se imparta un 25% de asignaturas en castellano. Mientras los socialistas, a modo de enredo, aseguran que esta reconoce por primera vez que el español sea “lengua de aprendizaje”.
Dos interpretaciones divergentes que, en realidad, importan un comino. Acabe aprobándose la ley en el Parlament o sea tumbada por el TC, el problema seguirá siendo el mismo que en las últimas cuatro décadas: nadie se encargará de vigilar y hacer cumplir los derechos fundamentales de millones de catalanes, porque la esencia del modelo autonómico es blindar el Estado de desobediencia nacionalista.
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