Reynders ya se ofreció en el pasado a implicarse, que no a mediar, pero desde la Comisión insisten en que si no hay voluntad ni confianza entre PP y PSOE difícilmente podrán desatascar nada
NotMid 23/12/2023
EUROPA
La Comisión Europa ha recibido con cierta sorpresa, un poco de esperanza y algunas reservas la ‘oferta’, si es que así se la puede llamar, para que actúe de “supervisora” entre el PSOE y el PP para lograr la ansiada renovación del Consejo General del Poder Judicial. No es algo normal, pero es que toda la cuestión del órgano de los jueces no hay nada que lo sea desde 2018. La Comisión no acostumbra a hacer de mediadora, pero hace poco más de un año, harto de la parálisis, los enfrentamientos, la incapacidad de los dos principales partidos para llegar a un acuerdo para la renovación, y la reforma del sistema de elección de los vocales, fue el propio comisario Didier Reynders, desesperado, el que se ofreció para hacer algo muy parecido y facilitar la interlocución. Siempre ha dicho que no puede ser un “mediador”, pero sí ayudar, contribuir, posibilitar.
Esta cuestión, enquistada desde hace cinco años, ha marcado en la legislatura europea las relaciones del comisario Didier Reynders y la vicepresidenta Vera Jourova con nuestro país. Ocupa el primer lugar en todos los Informes sobre el Estado de Derecho, es la gran obsesión en Bruselas, lo primero de lo que hablan en materia de Justicia y de casi lo único sobre lo que hay o ha habido verdadera presión, a todos los niveles. “Hemos hecho un sondeo discreto y la Comisión estaría dispuesta a supervisar la negociación y el acuerdo. No le voy a presentar al presidente una propuesta que la Comisión rechace posteriormente. Lo hemos hecho y la respuesta ha sido favorable”, ha señalado el líder popular este viernes.
Desde las instituciones europeas se ha intentado de todo en el último lustro. Ha habido conversaciones privadas, a nivel bajo, medio y el más alto. Ha habido presiones en los citados informes, en comparecencias públicas o a través de portavoces. Ha habido enfados, recados, collejas, rectificaciones muy significativas. Ha habido reuniones, en Madrid y Bruselas, las últimas este mismo mes. Del ministro Félix Bolaños con los dos responsables, pero también de Alberto Núñez Feijóo, que se vio con la vicepresidenta en su despacho hace apenas una semana y en la que salió la posibilidad de una mayor implicación. Y hubo incluso conatos de amenaza, en una entrevista con este mismo diario, diciendo que un estancamiento permanente podría acabar de alguna manera en un procedimiento de infracción y ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La posición de la Comisión ha ido moviéndose con el paso del tiempo. No es que haya cambiado de idea, porque el fondo ha sido siempre clarísimo y los meses sólo han incrementado la ansiedad. Pero sí ha ido cambiando de técnicas, de propuestas, de opciones. La institución y los comisarios quieren que se renueve inmediatamente, prioritariamente, el CGPJ. Y que se cambie el sistema de elección para, según las orientaciones de la Comisión de Venecia, se vaya hacia un modelo en el que los jueces tengan más protagonismo para nombrar a sus pares. Dicho eso, personalmente les da igual cómo se haga. Idealmente, y quedó claro hace años, hubieran preferido que se hiciera todo de una vez y rápido. Saben que el PP exige reformar primero y luego renovar y el PSOE lo contrario. Reynders, a título propio, no tiene una preferencia ideológica, pero ha asumido, y lleva firme tiempo, que como las dos cosas son tan enormemente complicadas, divisivas, es demasiado difícil. Por eso se decanta por lo que parece más accesible; la renovación, cuyo enquistamiento está infectando todas las ramas del poder judicial y contaminando la separación de poderes. Y después la reforma.
MARCHA ATRÁS EN 2021
En su momento pidió ambas cosas al tiempo, pero ya reclama que sea secuencial. Si un milagro propiciara el paquete entero, miel sobre hojuelas, pero es improbable. Sabe muy bien de lo que habla. En 2021, Bruselas sacó la artillería para frenar el intento del PSOE y Podemos de reformar el sistema de elección, dando aún más poder al legislativo. Convocaron a ministros y amenazaron con poner a España en la misma senda peligrosa de Hungría y Polonia, y Pedro Sánchez dio marcha atrás. La propia Jourova escribió y apoyó a Carlos Lesmes cuando presentó su dimensión, mostrando mucha cercanía.
En 2022, superada esa brecha y volviendo al tema del CGPJ, llegaron las amenazas generales. “Hemos hablado con todos los implicados, con las asociaciones. Es necesario renovar los miembros del Consejo y a continuación, lo antes posible, empezar la reforma del sistema de elección. Por desgracia, después de que durante años haya sido imposible ver cambios se vuelve cada vez más difícil. En el pasado hemos tenido muchas conversaciones, discusiones. Ha habido conclusiones en diferentes informes y ahora hay recomendaciones. Si aun así tras años sigue sin haber avances quizás tengamos que ir al TJUE para poner presión. Sabemos que el problema es político, que no hay mayoría suficiente, pero la parálisis permanente no es una opción”, avisó. Pero no sirvió para nada.
Poco después, intentó lo que no había contemplado hasta entonces: ofrecerse de mediador o mejor dicho, de facilitador. A finales de septiembre de 2022, Reynders tenía prevista una visita a nuestro país para reunirse con asociaciones de jueces, fiscales, abogados, profesores y expertos en general. Y en ese momento lanzó el mensaje de que la Comisión, él su equipo o quien haga falta, se ofrecían para desatascar y que los partidos hicieran lo que tienen que hacer. “Lo que podemos hacer es evidentemente implicarnos en el diálogo. No sólo pedir que haya una discusión entre los partidos sino actuar para acercar [posiciones]”, afirmó. Esa idea es la que se ha recogido ahora.
Implicarse en el diálogo es lo que los partidos les han pedido, que hagan de supervisores. En la Comisión no hay respuesta oficial. Fuera de los gabinetes, la noticia llegó por sorpresa. Creen que difícilmente Reynders se negaría a algo así, después de todo lo que ha trabajado para ello. El responsable de los servicios jurídicos de la Comisión es español, y la directora general de Justicia, el puesto más alto en el organigrama comunitario, también. Así que están todos muy al corriente. Además, apuntan, tiene sentido. Es algo que no se ha probado aún y de esa manera PP y PSOE se aseguran de que lo que acuerden tiene visto bueno de ambos comisarios.
Pero dicho eso, el político belga, un gran veterano, ha salido bastante escarmentado y cansado y los equipos están hartos de una lucha tan “tóxica”. La polémica y la presión por la Ley de Amnistía ha sido un enorme desgaste, su buzón ha colapsado por mensajes de ciudadanos y organizaciones españolas. Su familia política, la liberal, no le deja respirar, a través de Ciudadanos. Las reuniones con Bolaños han sido tensas y hay una fricción permanente desde hace años con el PSOE y el Gobierno, que creen que es un topo de la derecha. El tener que desmentir que no hubiera ninguna preocupación por la Amnistía, como el ministro español sugirió tras verse con él, y morderse la lengua días después cuando Bolaños volvió a llevar en público la cuestión al límite, le han dejado con pocas ganas de seguir implicándose. Si hay una petición formal difícilmente dirán que no, pero con ciertas condiciones para que no se convierta en un sainete o un esperpento. “Desde Bruselas no se puede resolver un problema si los implicados no quieren hacerlo de verdad”, dice una fuente comunitaria. El lío es monumental y lo importante, lo clave, es que se restablezca la confianza. Si no, no hay mediador salvadoreño que lo arregle.
Agencias