Bratislava camina con el populista de izquierdas Robert Fico hacia el modelo de Hungría
NotMid 25/01/2024
EUROPA
El primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, ha metido el Estado de Derecho en una olla con agua fría para reventarlo lentamente, a medida que llega a la ebullición. Eslovaquia vive la analogía de la rana hervida, como ya ocurrió en Polonia con el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) o en Hungría con Viktor Orban.
Fico no ha perdido el tiempo. Desde su regreso al poder, el pasado mes octubre, ha impulsado cambios en el sistema legislativo y judicial que conducen al iliberalismo y hacen permisiva la corrupción. Las alarmas han saltado en las instituciones europeas. El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una resolución expresando su “grave preocupación por el proceso que sigue el Gobierno eslovaco”, y unas reformas que “amenazan la integridad de los procedimientos judiciales y socavan la lucha de la Unión Europea contra el fraude“. La Comisión ha tomado nota y la fiscal general europea, Laura Kovesi, advirtió que las reformas propuestas por Fico “suponen un grave riesgo de socavar el Estado de Derecho”.
El último bocado ha sido la abolición de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente la que, a raíz del asesinato en 2018 del periodista Jan Kuciak y su prometida, provocó la caída del cuarto Gobierno de Fico, que se vio obligado a pasar tres años retirado de la vida política, golpeado por acusaciones de corrupción y chantaje. Él y su entonces ministro de Defensa, Robert Kalinák, que también ha vuelto a ocupar el cargo, se enfrentaron a cargos penales por corrupción en 2022, antes de que fueran polémicamente retirados seis meses después. A diferencia de Fico, Kalinák pasó por prisión. Fue el pez más gordo esposado por la Agencia Nacional contra la Delincuencia (Naka), una unidad de élite del Estado eslovaco. Se le acusó de abusar de su cargo para fundar y apoyar una organización criminal.
Fico y Kalinák han vuelto a su esencia. Uno de los primeros proyectos de ley que presentó la coalición de Gobierno fue una enmienda a la Ley de Competencias para otorgar el derecho de veto a la exportación de armas al Ministerio de Defensa. El objetivo era allanar el camino a las empresas públicas y privadas de armamento para que pudieran seguir armando a Ucrania, aunque Fico prometió en campaña electoral “no enviar ni una bala más” a Kiev.
Nada excepcional en una reestructuración de competencias ministeriales o cambio de rumbo político si no fuera porque Kalinák es propietario de Liwa Arms Slovakia, una empresa armamentística que se vio beneficiada con la guerra en Ucrania. Su actividad principal incluye venta de armas y munición. “Kalinák podrá eliminar la competencia con una sola decisión sobre una solicitud de licencia”, denunció la diputada Veronika Remiová, del partido Za udí (Por el Pueblo) .”El impacto real de la enmienda será que nadie obtenga una licencia de exportación a menos que la apruebe su competidor comercial y nuevo señor de la industria armamentística, el ministro de Defensa Robert Kalinák”.
POLÉMICA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
En Bruselas preocupa más la reforma del Código Penal, que Fico justifica en en la necesidad de limpiar las estructuras del “Estado mafioso” que tanto daño hizo a su partido, el Smer. Además de suprimir la fiscalía que supervisa los casos de corrupción y crimen organizado de alto nivel y que ha encarcelado o está investigando a docenas de personalidades cercanas al Smer, la reforma también limitaría la protección de los denunciantes y reduciría las penas por delitos financieros.
Paralelamente, el Gobierno también está debatiendo planes para tomar el control de los medios de comunicación públicos, restringir los derechos a la comunidad LGTB -a los que la ministra de Cultura llama “parásitos”- y prohibir las organizaciones que reciban financiación del extranjero. Fico ya dijo en octubre que pondría fin a “la era en la que Eslovaquia estaba gobernada por organizaciones no gubernamentales”, lo que recortará la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar libremente y participar en cuestiones de interés público.
Los partidos de la oposición han organizado grandes protestas contra el Gobierno de Fico. A las concentraciones celebradas en todo el país en diciembre siguió, el 11 de enero, una protesta en Bratislava en la que unas 20.000 personas corearon “Mafia, mafia”.
“Apenas llevamos un par de meses de Gobierno y ya hay miles de personas en las calles”, afirma Andrej Matisak, redactor del diario Pravda. “Pero es poco probable que las protestas cambien algo, incluso si las cifras crecieran a los niveles vistos en 2018. Fico sabe que, si vuelve a ser desbancado, esta vez irá a la cárcel”.
La presidenta Zuzana Caputova, acérrima crítica del primer ministro, ha prometido vetar la enmienda al Código Penal si el Parlamento la aprueba, al igual que hizo a principios de enero con la legislación que daría al Gobierno el control de la Oficina Nacional de Estadística, una institución clave durante las elecciones. Pero el Gobierno de coalición cuenta con los votos necesarios para anular sus objeciones, lo que significa que lo mejor que puede conseguir la Jefa de Estado es un aplazamiento.
Fico sólo tiene que esperar unos meses. A pesar de su popularidad, Caputova, la antigua activista liberal, ha declarado que no optará a un segundo mandato en las elecciones presidenciales del 23 de marzo. El socialdemócrata Peter Pellegrini, actual presidente del Parlamento de Eslovaquia y líder de Hlas (La Voz), anunció que será candidato en las elecciones presidenciales. Pellegrini, de 48 años, es un delfin de Fico. Formó parte del Smer hasta que las causas por corrupción le empujaron a formar su propio partido. Ambas formaciones son aliadas en la coalición gubernamental.
BRUSELAS COMO FRENO
Las posibilidades de que la oposición pueda impedir que Fico actúe contra la policía, los fiscales, las ONG y los medios de comunicación que desmantelaron e investigaron las redes de corrupción que florecieron bajo su mandato de 2012 a 2018 son escasas. La esperanza está en Bruselas y, ya en diciembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, prometió que “no dudaremos en actuar si es necesario”.
En un comunicado de prensa de diciembre, la Fiscalía Europea anunció que había llegado a la conclusión de que “las enmiendas propuestas… constituyen un grave riesgo de vulneración del Estado de Derecho” y ponen “en entredicho la intención del Gobierno eslovaco de cumplir con su deber de proteger eficazmente el Presupuesto de la Unión…”. Esa misma cuestión fue el detonante legal para que Bruselas congelara miles de millones en fondos para Hungría y Polonia.
En Eslovaquia, sin embargo, hay poca confianza en que la burocracia glacial de la Unión Europea pueda interrumpir la carrera de Fico hacia el antiliberalismo. El primer ministro es muy consciente de que la UE no ha tomado medidas durante años contra el abuso de las normas democráticas por parte de su vecino Orban, y parece impávido ante la amenaza de una acción de Bruselas. Resumido en una editorial del diario Pravda: “La UE no puede actuar con rapidez, y el Gobierno lo sabe. Seguirán hirviendo lentamente la rana”.
Agencias
