El Gobierno se comprometió con sus socios -a la vez- a mantener y suprimir el impuesto a las energéticas. La formación de Belarra exige que se cumpla su pacto o no se sentará para negociar los Presupuestos
NotMid 15/12/2024
OPINIÓN
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está acostumbrado a caminar sobre el alambre y esta Navidad será la sexta que celebre en Moncloa. Dado que casi nadie, salvo él, daba un duro por su continuidad, es normal que cuando los periodistas le preguntan por las amenazas de los partidos que le eligieron presidente de dejarle caer si no cumple lo acordado, el jefe del Gobierno responda con una media sonrisa. Aquí estoy, como todas las Navidades, respondiendo preguntas sobre todas las amenazas de todos los socios, que son muchos y variados. Sudará la camiseta -dijo- y el Gobierno llevará los Presupuestos al Congreso.
El rostro de los socios de Sánchez dista mucho del que luce el presidente. Particularmente hay un partido en la Cámara que tiene cuatro diputados, escindidos de la disciplina de la coalición de Gobierno, que se siente maltratado y reclama atención. “Somos un socio fiable que siempre cumple con lo acordado y reclama lo mismo al Gobierno, que tiene que entender que nuestros votos valen lo mismo que los de partidos como Junts o el PNV”.
Quienes así hablan son los máximos dirigentes de Podemos, un partido que, según fuentes socialistas, “está crecido”. “Tienen la sartén por el mango. Con Yolanda Díaz desaparecida, es el único partido a la izquierda del PSOE que tiene organización y disciplina; Sumar ya no existe”, señalan en el PSOE. Otros van más lejos, recordando lo sucedido desde que naciera, se desarrollara y declinara el partido de Iglesias y Errejón, cada uno aparcado en su propia esquina. “Pablo Iglesias mató primero a Yolanda Díaz y ahora va a por Pedro Sánchez. La venganza y el rencor siempre han sido emociones políticas muy potentes”.
Con todos los ojos mirando a Junts, al PNV y a ERC, los cuatro diputados de Podemos no quieren ser plato de segunda mesa. El jueves 21 de noviembre, a cambio del voto favorable de Podemos que permitiría la aprobación de la controvertida reforma fiscal, el Gobierno se comprometió a constituir una comisión con todos los socios para buscar una solución al impuesto a las energéticas. Con Junts y el PNV, Hacienda pactó suprimir el gravamen temporal aprobado en 2022 por la crisis de inflación tras la invasión de Ucrania. Con Podemos, acordó mantenerlo. Es decir, Sánchez adquirió el compromiso de cuadrar el círculo para contentar a la derecha y a la izquierda del Hemiciclo. Aunque es capaz de muchas cosas, esta pretensión se presentaba imposible, y a la vista está en el final de año.
“Hace tres semanas, el Gobierno se comprometió con Podemos a constituir una comisión en la que participaran todos los grupos de la investidura, de la que debía salir un impuesto permanente a las energéticas. De momento se está incumpliendo este pacto. Si el Gobierno no cumple con este acuerdo, quebrará su relación de confianza con Podemos. En consecuencia, no se darán las condiciones mínimas siquiera para que nos sentemos a negociar los Presupuestos”, manifiesta la dirección de Podemos, con Ione Belarra a la cabeza.
La comisión prometida para lograr la última victoria parlamentaria del Gobierno ha saltado por los aires, después de la negativa de PNV y Junts de acudir a la primera convocatoria. El portavoz peneuvista, Aitor Esteban, no escondía su enfado en el Pleno. Incluso una cierta desesperación por la marcha de la legislatura. “No es serio, no es serio, que no cuenten con nosotros. No nos temblará el pulso, ya se lo hemos advertido al Gobierno con claridad”.
La firme negativa del PNV, Junts y Podemos para volver a sacar las castañas al Gobierno parece definitiva, por lo que desde Hacienda se emiten mensajes pesimistas hacia la suerte que pueda correr el decreto sobre el impuesto energético que sustituirá al temporal, que vence el 31 de diciembre.
La forma de negociar del Gobierno, a salto de mata y pactando con unos y con otros cosas distintas para después pedir el voto del resto de los socios de la investidura, no convence a nadie. Los socialistas siempre han fiado la suerte de sus iniciativas parlamentarias a negociar in extremis e incluso sobrepasar las horas de las votaciones, suspendiendo las sesiones de comisión. Así logró que Podemos se aviniera a pactar la reforma fiscal. “No se atreverán, están demostrado que lo que quieren es protagonismo y al final siempre acaban cediendo, por mucho que presuman de ser decisivos para garantizar una política económica de izquierdas”, señalan fuentes socialistas echando mano de los antecedentes.
“No se atreverán hasta que se atrevan”, advierten otras fuentes. La izquierda del PSOE está en una situación muy débil, tiene que reconfigurarse. Sumar ya no es un actor político con mucha relevancia, a pesar de contar con una vicepresidenta y cuatro ministros. Y aquí Podemos, con las siglas más potentes de ese espacio, espera su oportunidad.
Comunicado no grato para Moncloa
El voto de resistencia que los socialistas asumieron en el 41 Congreso celebrado en Sevilla ha incluido esta semana la denuncia pública por parte del presidente y algunos de sus ministros de una persecución contra el partido por parte de los jueces, en connivencia con el PP. Los dirigentes socialistas ven la mano del PP detrás de determinados casos, sobre todo los que afectan a los familiares de Pedro Sánchez. La nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, emitió un comunicado de respuesta a las palabras del presidente, negando un “sesgo político” en la actuación de los jueces españoles. Según Perelló, los jueces pueden ser criticados, “pero lo que no cabe es cuestionar su labor de forma generalizada y permanente”, ni atribuirles “sesgos políticos”. El comunicado de la presidenta del CGPJ no cayó precisamente muy bien en Moncloa. Fuentes gubernamentales expresaron su malestar por esta respuesta de Isabel Perelló a unas declaraciones políticas del presidente.