La actual desconfianza en la sociedad y el mercado invita a los poderes públicos a regular cada vez más aspectos de la realidad
NotMid 17/01/2023
OPINIÓN
JOSU DE MIGUEL
El economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti, ha calculado cuántas normas se han aprobado en nuestro país desde que se instauró la democracia. Entre 1979 y 2021 las distintas administraciones han puesto en circulación nada menos que 411.804 leyes o disposiciones reglamentarias. Resulta muy difícil saber cuántas están derogadas o simplemente resultan inaplicables por el paso del tiempo o el efecto del derecho comunitario incorporado a nuestro ordenamiento. El fenómeno de la inflación normativa es común a casi todas las naciones y tiene razones compartidas.
Para empezar, en el circuito electoral los partidos ofrecen programas a los ciudadanos que después tienen que volcar en la sociedad a través del principio de dirección política. Las mayorías parlamentarias cuentan hoy con un vasto arsenal de fuentes para justificarse ante sus votantes: el derecho es el bálsamo de fierabrás que resuelve casi todos nuestros problemas. Este año las Cortes han aprobado quince leyes orgánicas, treinta nueve leyes ordinarias y veinte decretos-leyes. Si quieren una muestra de desparrame legislativo y reglamentario, vayan al BOE del mes de diciembre.
Por supuesto, el declive liberal también ayuda. La actual desconfianza en la sociedad y el mercado invita a los poderes públicos a regular cada vez más aspectos de la realidad. Esta devoción reguladora se acrecentará como consecuencia del antropoceno y la necesidad de disciplinar comportamientos para luchar contra el cambio climático. Pero el paroxismo normativo tiene un precio: disminuye la libertad, las empresas y los actores económicos tienen serias dificultades para realizar sus actividades y el poder judicial tarda más tiempo en resolver los conflictos que se le plantean.
No contamos en España con un plan nacional de simplificación normativa. El Estado no está dispuesto a armonizar el derecho autonómico y no existe consenso para una reforma constitucional que reordene competencias. Los partidos y las instituciones deberían, sin embargo, plantearse soluciones -¡no es necesario crear más ministerios!- ante una cuestión que afecta al crecimiento. El ambiente moral y filosófico, desde luego, no es el más propicio: ahora queremos convertirnos en sociedades menguantes.