Pretende imponer un blindaje de las sentencias del TC para garantizar la impunidad de los afines al Gobierno
NotMid 26/03/2025
EDITORIAL
La maniobra de Cándido Conde-Pumpido para impedir que la Audiencia de Sevilla lleve la sentencia del borrado de los ERE a Europa muestra el nerviosismo del presidente del Tribunal Constitucional, lastrado por sus servidumbres con el Gobierno. Tanto desde el punto de vista jurídico como desde la apariencia de neutralidad a la que le obliga el cargo, resulta inconcebible que quien encabeza el órgano que es intérprete supremo de la Constitución se preste a una añagaza que ahonda en el descrédito de la corte de garantías y en el suyo propio. Su obediencia política es incompatible con su función de árbitro y con el prestigio jurídico del que se inviste. Conde-Pumpido quiere impedir que los jueces españoles puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando no estén de acuerdo con un fallo adoptado por el TC. El titular del tribunal que ejerce de último garante de los derechos fundamentales y las libertades públicas no puede prestarse a una operación que retrata el cautiverio en el que la mayoría progubernamental ha situado a este órgano.
Tal es el empeño de Conde-Pumpido en blindar al TC que ayer, en un tenso Pleno de este órgano, confesó que lleva varios días reflexionando al respecto. El día anterior ya comunicó a los magistrados de la Sala Primera su intención de cercenar el margen de los jueces españoles ante el TJUE. Aunque el debate surgió en torno a un asunto de menor trascendencia procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relacionado con un laudo arbitral, parece claro que Conde-Pumpido pretende «crear una doctrina» -así lo indican fuentes jurídicas a EL MUNDO- que, como objetivo prioritario, busca salvar la estrategia del Gobierno mediante una eventual revocación del auto en el que el Supremo declara que la Ley de Amnistía no es aplicable a los delitos de malversación. En todo caso, esta vía protegería al Ejecutivo en las causas más sensibles, incluida la que podría afectar al fiscal general del Estado.
Hay pocas dudas sobre el nulo sustento jurídico del planteamiento de Pumpido, dado que el TJUE no pone ninguna limitación a los jueces nacionales para elevar cuestiones prejudiciales. En todo caso, evidencia su voluntad de operar como sostén estructural del Gobierno. Así ha quedado patente en el desmontaje de los ERE, un blanqueamiento de la corrupción de la Junta y una invasión de competencias sobre el Supremo. La anulación de condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex mandatarios socialistas en Andalucía, ha permitido al Gobierno alimentar la acusación de lawfare a los jueces, hasta el punto de presentar a los dirigentes exonerados como víctimas de una cacería.
Si el presidente del TC ejerciera su labor con la imparcialidad debida, no tendría reparos en ser sometido al Derecho de la Unión, cuya primacía frente a los Estados miembros avala la doctrina consolidada europea. Por eso en la revuelta que alienta Pumpido contra la Audiencia de Sevilla subyace su temor a que su continua extralimitación quede expuesta a ojos de la UE.
El presidente del TC más politizado y desprestigiado de la democracia no solo actúa de guardaespaldas de la acción del Gobierno, sino de garante de facto de la impunidad de sus afines.
