Hay casos que dejan la impresión de que la justicia, pese a los jueces decentes, está podrida
NotMid 26/06/2024
OPINIÓN
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
Desde1985, cuando Felipe González perpetró la ley orgánica que se cargaba lo que dice la Constitución sobre el CGPJ, he defendido que se debe volver a su composición original: 12 elegidos por los jueces, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Aunque, por experiencia, sólo los jueces deberían votar a los 20 vocales del CGPJ, sin mediación política. Lo anunció Aznar, pero hizo el pacto Michavila-López Aguilar. Lo anunció Gallardón en el Gobierno de Rajoy con mayoría absoluta, pero no dimitió cuando Rajoy liquidó el plan. El PP ha dudado siempre. La que nunca ha dudado en asaltar el poder judicial es la izquierda.
El pacto PP-PSOE firmado en presencia de Jourova, por la UE, es, según los expertos, bastante mejor que la Ley del 85, y, al ser también ley orgánica, impide su derogación por las bravas en el Congreso. El equilibrio de diez del PSOE y diez del PP, sin nacionalistas ni comunistas, apesta a politización. Y, sin embargo, entre los jueces, especialmente los de la Sala Segunda del Supremo, trinchera ante la Ley de Amnistía, había ayer una sensación de alivio. El factor Marchena ha sido clave para que el PP, pese a un desgaste político en favor de Vox, firmase ante Jourova ese «mal menor», que sigue siendo mal, y quizás menor.
Lo que motivó la nota equidistante del sanedrín del Supremo fue la certeza de que, sin pacto, Sánchez era muy capaz de nombrar por las bravas, en una semana, a 30 jueces jóvenes e izquierdistas para las 30 vacantes del Supremo, asegurando 20 años de dominio rojo en la justicia. O sea: la dictadura. Yo creía que Sánchez, con su pistola en la mesa, no iba a firmar este acuerdo con un PP desarmado, entre Marchena y la pared. Veremos si finalmente lo vota en el Congreso. Aún puede dar marcha atrás. Y puede haber trampa. Hablamos de Sánchez.
En general, creo que este pacto nos deja en manos de la decencia o indecencia de los jueces. Y el TC amnistiando los ERE, o Alvarone y el abogado general del Estado frenando el acuerdo del novio de Ayuso para alargarlo hasta la comparecencia de la imputada Begoña dejan la impresión de que la justicia, pese a los jueces decentes, está podrida. ¡Y es la última trinchera constitucional!
Me alegra no haber estado en el pellejo de Feijóo, apostando a la fuerza por el mal menor y sin saber si Sánchez lo convertirá en el mal mayor.