El independentismo catalán sigue desafiando a la democracia y alentando una crisis institucional cuya única solución es la aplicación de la Constitución en Cataluña
NotMid 11/08/2022
OPINIÓN
El independentismo catalán sigue desafiando a la democracia y alentando una crisis institucional cuya única solución es la aplicación de la Constitución en Cataluña. Ayer, la número dos del consejero de Educación dejó claro que su Gobierno va a continuar eludiendo cualquier sentencia del Tribunal Supremo que anule los proyectos lingüísticos de las escuelas catalanas por no tener el castellano como lengua vehicular y no reconocer el 25% de enseñanzas curriculares en esta lengua. En un claro ejemplo de rebeldía y desobediencia, Patrícia Gomà tachó de «inaplicable» esas resoluciones judiciales, sin disimular que el Govern va a desacatar cualquier sentencia -como ha hecho hasta el momento- que obligue a usar el castellano en las aulas, blindando la inmersión lingüística en detrimento de los derechos constitucionales de los castellanoparlantes catalanes.
La Generalitat no deja de burlarse de la Justicia para poder imponer su apartheid lingüístico contra la mitad de los catalanes y obligar a usar el catalán como «lengua vehicular y de aprendizaje», arrinconando al castellano con un «uso curricular y educativo». Sin duda, un ataque en toda regla al derecho que tienen los niños catalanes a ser educados en castellano, en una comunidad donde impera un designio segregacionista que usa el catalán como lengua de adoctrinamiento identitario. Un estudio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña de 2019 concluía que un 95% de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de esta región establecen que «solo» el catalán es la lengua vehicular de enseñanza, lo que los anula de pleno derecho ante la Justicia.
Aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse en relación a la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley catalana de uso de las lenguas en las escuelas de esta comunidad, es una obviedad que los independentistas encontraron un refugio en Pedro Sánchez, sobre todo después de que ERC apoyara la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el presidente hizo a su medida y que permitirá cambiar el signo conservador del Alto Tribunal por otro progresista. Es triste que el Gobierno de España no haga nada por evitar esta deriva y permita que el separatismo siga burlándose de los tribunales y de muchos padres y madres coraje que llevan años batallando contra el aplastamiento de sus derechos como españoles.