El TC ha actuado conforme a la ley. Entra dentro de toda lógica que reconozca al PP su derecho a poder debatir en las Cortes sobre un cambio legal que toca de lleno el núcleo de la Constitución
NotMid 20/12/2022
EDITORIAL
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la reforma judicial exprés del Gobierno que el Senado iba a aprobar en su pleno del próximo jueves es una prueba de que el Estado de derecho se impone. El Ejecutivo ha tensado las cuerdas hasta el extremo, pero el TC ha actuado conforme a la ley y a sus atribuciones. Entra dentro de toda lógica que el Tribunal, el órgano supremo encargado de dirimir los grandes conflictos entre los poderes del Estado, reconozca al PP su derecho a poder debatir en tiempo y forma en las Cortes sobre un cambio legal que toca de lleno el núcleo de la Constitución, pues regula cómo debe articularse la composición del Consejo General del Poder Judicial y del tribunal de garantías, imponiendo una politización desmedida. El Gobierno quería hurtar ese debate y es lo que el TC, aceptando la suspensión cautelarísima solicitada por el PP, ha rechazado.
El pleno del TC, que se prolongó a lo largo de todo el día, arrancó con la negativa de la mayoría de los vocales a recusar a dos de sus compañeros -el presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez-, en contra de lo solicitado por el PSOE y Unidas Podemos. El bloque conservador hizo así prevalecer su posición, que resulta comprensible: si se recusaba a González-Trevijano y a Narváez, el mismo camino debían seguir Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, cuyos mandatos también están caducados, con lo cual el TC quedaría sin quorum para actuar.
A continuación, y a última hora de la noche, el TC aprobó, por seis votos frente a cinco, paralizar la reforma legal prevista en el Senado, en contra del plan del Gobierno. Los populares sostenían que el Ejecutivo no puede sustraer a los representantes de los ciudadanos la capacidad para debatir sobre una reforma legal que afecta al corazón de la Constitución.
Es de esperar que el Gobierno acoja esta decisión con la institucionalidad debida. Es lo que define al Estado de derecho: rige el imperio de la ley y no la voluntad política, por mayoritaria que esta sea. Sin embargo, en un contexto en el que el PSOE y sus afines se han entregado a deslegitimar al TC situando su propia voluntad por encima de las decisiones judiciales, cabe llamar a cada uno de los miembros del Gobierno a recuperar la responsabilidad perdida y la obediencia a la ley que prometieron guardar.
El choque al que el poder judicial se ha visto abocado con el poder ejecutivo y el legislativo debido al arrollamiento autoritario del Gobierno se inscribe en una estrategia de polarización en la cual la oposición, los jueces y los periodistas críticos son tachados de golpistas. El PSOE ha hecho suyas las posiciones populistas del independentismo y de Pablo Iglesias, contraponiendo democracia y ley. Sus acuerdos con Bildu y ERC están erosionando la mejor convivencia de la que España ha disfrutado. Por ahora, como ocurrió en el procés, los jueces mantienen el baluarte de la Constitución en pie. Quienes, desde el poder que nos otorgan nuestros lectores, formamos parte esencial de la prensa libre ayudaremos en ese empeño.