Con el golpe de Junts, los ciudadanos pagan la frivolidad de hacer depender su bienestar de partidos contrarios al interés general
NotMid 23/01/2025
EDITORIAL
Lo que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados no solo retrata el colapso de la legislatura, sino el impacto que tiene sobre la vida de los ciudadanos la decisión intransferible del presidente de hacer depender el futuro del país de una alianza imposible. Tras la derrota parlamentaria que Junts asestó al Gobierno, los españoles verán afectada su economía diaria de forma tangible: se acaban las bonificaciones para el transporte público -ayer se registraron colas para obtener los últimos abonos subvencionados-, no se aprueban las ayudas previstas para las empresas afectadas por la dana, el SMI no subirá como pretendía el Ejecutivo, las pensiones no se revalorizarán -al menos hasta que el PP auxilie a Sánchez si su propia iniciativa sale adelante- y termina el bono social de la factura de la luz.
El Gobierno pretende ahora maquillar su inocultable debilidad culpando al PP y a Vox de las consecuencias que los españoles padecerán de forma inmediata en sus vidas. El argumento no se sostiene. El problema no es la supuesta insolidaridad de la oposición: el Gobierno siempre ha podido buscar el apoyo del PP y no lo ha hecho. De hecho, lo ha despreciado. Al contrario: lo que pagan los ciudadanos es la frivolidad de depositar el bienestar de la sociedad en partidos desleales cuya prioridad no es el interés general sino, precisamente, el debilitamiento del Estado. Partidos, además, con intereses contrapuestos imposibles de satisfacer al mismo tiempo. Asistimos, en fin, a la derivada inevitable del principio existencial de la legislatura: el poder por el poder.
El día fue letal para el Gobierno. Los dos decretos más importantes que estaban en liza fueron tumbados por Junts. Por un lado, la aprobación del impuesto a las energéticas nacía muerta: el Ejecutivo se lo había prometido a Podemos pese al rechazo innegociable de Carles Puigdemont. Sin embargo, los socialistas confiaban en poder sacar adelante el llamado decreto ómnibus, con medidas tan dispares como las referidas al transporte público o la entrega al PNV de la sede parisina del Instituto Cervantes. Se trata de una fórmula siempre cuestionable desde el punto de vista democrático, pero a la que el Gobierno recurre ante su angustiosa necesidad de negociar todo con todos al mismo tiempo. Esta vez la estrategia falló. Por primera vez, Junts votó no a todas las iniciativas del Gobierno en un varapalo sin precedentes, pues se produce tras el órdago lanzado públicamente por el prófugo y después de tres días de negociaciones en Bélgica y vía telefónica.
Como publicamos hoy, Puigdemont no consiguió tres cesiones clave para él: una foto con Sánchez -equiparable a una «amnistía política»-, la cesión del 100% de las competencias en materia de inmigración -una exigencia imposible: ¿cómo podría el Estado dejar de controlar su propia frontera?- y que el presidente se someta a una cuestión de confianza.
Su golpe en la mesa demuestra que la mayoría de la investidura está rota y que el Gobierno es incapaz de legislar ni siquiera mediante decretos-leyes. El resultado es el desgobierno. Sin mayoría social y, ahora de forma constatable, sin mayoría política, al presidente solo le quedan dos salidas: someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones.