Álvaro García Ortiz se deshizo de forma consciente de la prueba clave contra él. La crisis institucional es grave y apela a toda la carrera fiscal
NotMid 04/01/2025
EDITORIAL
Las peores previsiones sobre el daño reputacional que el fiscal general podía infligirle a esta institución esencial del Estado de derecho están viéndose desbordadas. Si en diciembre supimos que la Guardia Civil había hallado «cero mensajes» en el móvil de Álvaro García Ortiz en los días en que medios afines al Gobierno publicaron datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la constatación ahora de que el imputado se deshizo de su móvil el 23 de octubre no solo acrecienta las sospechas de que fue él quien filtró la información para perjudicar a una rival política del Gobierno, sino que denota un comportamiento verdaderamente inquietante: la ausencia total de complejos a la hora de ejercer el poder es el síntoma evidente de una democracia debilitada.
La fecha detallada ahora por la UCO es un elemento claramente incriminatorio. Demuestra que el fiscal general era consciente de que al cambiar de móvil dificultaría la investigación por revelación de secretos que el Tribunal Supremo le había abierto siete días antes (y que siete días después avanzaría con el clonado de sus dispositivos). Pero no solo eso: el imputado se deshizo de él cuando, gracias a las revelaciones de ELMUNDO, ya era de conocimiento público que había enviado mensajes a las fiscales Pilar Rodríguez y Almudena Lastra exigiendo con angustia los controvertidos correos. Mensajes como este: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato».
Desprenderse del terminal y de su contenido en un momento en el que todos sabíamos, incluido García Ortiz, que sería la prueba clave de la causa contra él sólo puede entenderse como un abierto desafío a la Justicia. Con la excepcional peculiaridad de estar protagonizado por el máximo responsable constitucional de la defensa de la legalidad: el fiscal general del Estado. La crisis institucional es grave y apela a cada uno de los miembros de la carrera fiscal. Más allá de los mínimos valores que deben guiar a todo cargo público, es la institución la que está en juego.
Las confusas explicaciones que fuentes de la Fiscalía han venido divulgando para justificar el vacío del móvil solo alimentan la incredulidad de cualquier observador sensato. Por un lado, han aducido que García Ortiz cambió de terminal -como ahora, incomprensiblemente, ha tenido que aclarar la Guardia Civil-; por otro, que había eliminado personalmente su contenido por motivos de seguridad. El cuadro resulta estridente.
Cada nueva revelación retrata al fiscal general como a un vulgar malhechor empeñado en borrar el rastro de sus pasos. Lo más preocupante, con todo, es el descaro que exhibe, pues actuó de esta manera siendo perfectamente consciente de que el oportunísimo cambio y borrado del móvil sería detectado por la Guardia Civil. El alineamiento militante entre el fiscal general y el presidente del Gobierno añade notas extraordinariamente siniestras a este asunto: es razonable pensar que al eliminar pruebas García Ortiz no solo haya intentando protegerse a sí mismo, sino también el posible camino entre su móvil y altos dirigentes del Palacio de la Moncloa.