Que el sanchismo siga socavando las instituciones es lamentable; que el PP se preste a un enjuague, en detrimento de perfiles de prestigio y no de carné, es un triste recuerdo
NotMid 17/08/2022
EDITORIAL
El menoscabo institucional que padece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -funciona con el mandato caducado desde hace tres años y medio- evidencia la polarización que impera en la política española. Pero también la concepción del poder que tiene Pedro Sánchez, quien ni siquiera disimula su vocación de control ideológico de los jueces, ahondando la brecha que ya abrió el felipismo cuando Alfonso Guerra declaró la muerte de Montesquieu. Y es que el presunto acuerdo entre PSOE y PP -cuyos extremos negociaron el ministro Félix Bolaños y el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea– que el Gobierno ha filtrado no deja de ser un burdo intento de politización de la Justicia, al que tristemente la antigua dirección de los populares se prestó en un intercambio de cromos partidistas totalmente inadmisible.
La presión del Ejecutivo para hacerse con el control del Tribunal Constitucional (TC), queriendo conceder -tras maniatarlo- al CGPJ la posibilidad de realizar nombramientos cuando le conviene para designar a los dos magistrados del TC que les corresponde por cuota, responde a una artimaña de dudosa legalidad que podría rozar el fraude de ley. Y es un mazazo para el propio CGPJ. Que el sanchismo siga socavando las instituciones es lamentable; que el PP se prestara entonces al enjuague, en detrimento de perfiles de prestigio y no de carné, es un triste recuerdo.
