Miguel Ángel Carballo reclama entre ocho y 27 años de cárcel a los 12 investigados
NotMid 25/11/2023
ESPAÑA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional formalizó ayer su acusación por terrorismo contra una docena de miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República). Para ocho de ellos reclama penas de 27 años de prisión, y de ocho años para los otros cuatro. Como miembros del autodenominado Equipo de Respuesta Rápida (ERT), conformado por «elementos de gran radicalidad» de los CDR, el fiscal les atribuye a todos el delito de pertenencia a organización terrorista (ocho años de prisión). Para ocho de los investigados, también de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista (11 años) y de tentativa de estragos de carácter terrorista (ocho años).
El escrito remitido al tribunal de la Audiencia Nacional encargado de celebrar el juicio está firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que hace dos semanas rechazó la existencia de terrorismo en la otra investigación de la Audiencia Nacional relacionada con el procés, la de Tsunami Democràtic.
La proposición de Ley de Amnistía presentada en el Congreso prevé el archivo de las causas por terrorismo en las que, como en este caso, no haya sentencia firme. Eso supone que cuando la ley entre en vigor, la sección Tercera de lo Penal debería archivar el procedimiento.
Pero el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, tendrá otras opciones. Lo más probable es que aguarde a comprobar qué hace el Tribunal Supremo con su causa del procés -podrían ser dos si asume la de Tsunami- y seguir los pasos del Alto Tribunal. Está previsto que el Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad que ante el TC. También tiene tendrá abierta la vía para llevar ante Tribunal de Justicia de la UE en encaje de la Ley de Amnistía en las normas comunitarias.
El hecho de que la Fiscalía haya presentado ya una acusación concreta por terrorismo -no así en el caso Tsunami, que está en una fase previa de mera imputación- es un obstáculo para que el tribunal de Luxemburgo avale el archivo de esta investigación. El terrorismo es una de las materias en las que la UE ha dictado normas que los estados miembros deben cumplir.
Si el caso de los CDR llega al Tribunal de Justicia de la UE, sus miembros tendrán que leer la afirmación del fiscal de que el «objetivo final» del grupo desarticulado era conseguir la independencia de Cataluña «empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España». Y que, en la línea de la definición de terrorismo de la normativa europea, los 12 acusados habían conformado «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
La Guardia Civil desarticuló el grupo en septiembre de 2019. Faltaba un mes para que se conocieran las condenas del procés y comenzaran los disturbios dirigidos por Tsunami Democràtic. Para entonces la célula arrestada «ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos», como un cuartel de la Guardia Civil, torres de alta tensión, gasolineras y empresas.
El hecho de que contaran con material explosivo que habían preparado y con posibles objetivos lleva a la Fiscalía a acusar de estragos en grado de tentativa, ya que entiende que los daños no llegaron a materializarse debido únicamente a la intervención de la Guardia Civil.
El escrito recoge los informes periciales que indican que las sustancias incautadas podían emplearse para producir explosiones. Antes de la operación, la Guardia Civil tenía bajo vigilancia a los acusados y había comprobado cómo ensayaban en el uso de esos materiales.
A los acusados se les atribuyen acciones como cortes de autopista, levantamiento de barreras de peajes y el intento de sabotear el traslado de los presos del procés lanzando aceite al paso del autobús que les trasladaba.
Al margen de esas actuaciones y de otras futuras que buscaban daños con los explosivos, el fiscal sostiene que tenían previsto llevar a cabo la ocupación del Parlament. Ese era el encargo que habrían recibido «de un denominado CNI Catalán». El plan era acceder al Parlament por el acceso principal con la ayuda de alguien del interior. Tenían previsto permanecer una semana dentro y para lograrlo iban a alquilar inmuebles próximos y establecer una red de comunicaciones que les permitiera eludir el control policial.
EL PSOE OCULTA A LA UE QUE LA AMNISTÍA SÍ ALCANZA A DELITOS DE TERRORISMO
La eurodiputada socialista Iratxe García intervino el miércoles en el debate del Parlamento Europeo sobre la Ley de Amnistía. Lo hizo acusando al líder de los ‘populares’ europeos, Alfred Weber, de «mentir» al decir que el terrorismo va a a ser amnistiados. «Le leo literalmente el Artículo 2 apartado C de la Ley de Amnistía: ‘Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1, los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal», leyó la eurodiputada. Lo que no leyó fueron las palabras con las que sigue la ley, que precisan que se excluye el delito de terrorismo «siempre y cuando haya recaído sentencia firme». Y ninguna de las dos causas de ese tipo vinculadas al ‘procés’ tiene sentencia firme ni da tiempo a que la tengan antes de la aprobación de la ley. Esos supone el archivo de la causa de los CDR, ya con acusación de terrorismo, y la de ‘Tsunami Democràtic’, con imputaciones por ese delito.
Agencias