La asunción de su responsabilidad por el conductor del Alvia hace más necesario que se aclaren las dudas que planean sobre el siniestro
NotMid 14/10/2022
OPINIÓN
La declaración ante el juez, ayer, del entonces encargado de Adif de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte -imputado por el accidente del Alvia de 2013 en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas– se redujo a un inaceptable intento de limitar la responsabilidad de la tragedia a la negligente conducta del maquinista, quien ya reconoció su imprudencia por haber atendido una llamada del interventor en uno de los trazados más críticos. Y como ya hiciera su defensa, también pretendió el encausado bloquear la investigación sobre un interrogante capital del suceso, la ausencia en el convoy del sistema de seguridad ERTMS, capaz de frenar automáticamente el tren en caso de exceso de velocidad.
La asunción de su responsabilidad por parte del conductor, lejos de cerrar el caso, hace más necesario que se aclaren las dudas que planean sobre el siniestro: por qué Adif autorizó la desconexión del sistema de seguridad apropiado, si el funcionamiento de trenes que circulan a cientos de kilómetros por hora depende solamente de la pericia de un maquinista o si concurrió algún interés electoral en la modificación del trazado para acelerar la apertura de la línea. Sería injustificable que Adif y Renfe, empresas públicas, no colaboraran con diligencia para que se despejen todas la incógnitas que nueve años después mantienen vivo el dolor de las víctimas.