El Gobierno prometió “velocidad de crucero” en la ejecución de las ayudas económicas europeas, pero los datos refutan su optimismo
NotMid 30/08/2022
EDITORIAL
El coro de aplausos cuya imagen distribuyó Moncloa al regreso de Sánchez de la cumbre europea que decidió el reparto de fondos por la pandemia tenía -si la tenía- una única justificación: que esos fondos ingentes llegaran realmente en tiempo y forma a su destino. Si la Administración se revelaba capaz de ejecutar su importe íntegro para impulsar la añorada y siempre pospuesta transformación del modelo productivo, ningún aplauso hubiera resultado demasiado largo. Porque esta vez la oportunidad era real: 140.000 millones potenciales -es decir, condicionados- suponen una cuantía fabulosa. Y más allá del desatado triunfalismo en Moncloa, muchos gobiernos europeos envidiaron entonces la fortuna de Italia y de España por ser los mayores receptores de ese esfuerzo de solidaridad europea, olvidando que necesitarlo más que los demás revelaba una debilidad proporcional como peores gestores de la pandemia.
Pues bien, el tiempo pasa y crece el riesgo de desaprovechar la oportunidad. El Gobierno prometió “velocidad de crucero” en la ejecución de esos fondos, pero los datos refutan su optimismo: en la primera mitad del año solo ha desembolsado un 9% de los 28.000 millones que tenía presupuestados para 2022. Esta demora se explica en buena medida por el atasco de los trámites burocráticos, las barreras administrativas y la falta de personal especializado capaz de llevar a cabo ese trabajo.
Lo indignante es que también esto se podía saber. Los inconvenientes de la descentralización del Estado -a cambio de otras ventajas- no son nuevos, y numerosos problemas los han retratado en los últimos tiempos, desde la gestión sanitaria del covid a los incendios o el descontrol educativo. Las deficiencias de la Administración española en materia de ejecución presupuestaria son conocidas: la experiencia con los fondos Feder debería haber servido para abordar una reforma del sector público de la que se huye para evitar conflictos. Pese a esto, el Ejecutivo decidió conservar por decreto el control inicial de los fondos europeos, aunque una parte importante acaba transfiriéndose a autonomías y ayuntamientos. Y muchas de ellas reconocen falta de personal y dificultades para ampliar recursos.
Algunas como Madrid han recurrido a incentivos económicos para tratar de paliar la falta de personal incrementando hasta en un 40% la retribución en función de objetivos. Andalucía ha reforzado con medio centenar de personas su oficina de gestión de fondos y ha contratado los servicios de una consultoría externa. La Comunidad Valenciana ha creado una bolsa de trabajo temporal de especialistas en ayudas europeas para cubrir las casi 300 plazas de interinos que necesita. Y lo mismo han hecho los distintos departamentos de la Generalitat de Cataluña.
Nada de esto evoca la “velocidad de crucero” prometida por el Gobierno. Antes bien delata una cogobernanza desarrollada a golpe de improvisación, en lugar del gran pacto público-privado y entre administraciones que semejante volumen de fondos exigía. Pero ni la incompetencia ni el sectarismo se arreglan con propaganda.
