NotMid 03/11/2023
OPINIÓN
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
La asociación mayoritaria de los jueces, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial y la organización policial Jupol han denunciado, con pocas horas de intervalo, la Ley de Impunidad Criminal o de Amnistía, con la que Sánchez compra a terroristas y golpistas su estadía en el Gobierno. Se dirá que es raro que lo hayan hecho a la vez. Véanlo al revés: ¡Cómo será de grave esa ley para que hasta los jueces pongan el grito en el cielo!
Entretenidos los medios con los detallitos de las negociaciones, perdemos de vista lo sustancial, que son sus consecuencias. Dice el CGPJ: “Confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política”. Para que Sánchez siga en el poder, fuera democracia.
“En ningún caso -sigue la nota- cabe aceptar una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución”. Crea “una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos” (…); “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico (…), actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica”. Esto, además, rompería “los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión”. Vamos, que Sánchez nos saca de Europa. De ahí “su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España”
La APM es nítida: la Ley de Amnistía, “cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978”, que “se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho” (…) y “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”. Eso sería “el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.
Con la amnistía para sus delincuentes, como venimos denunciando, el Estado de Derecho sólo puede dar paso a la dictadura de Sánchez.
