Hay razones para temer que quede en papel mojado. Pero la UE ha asumido un papel de garante que debe cumplir
NotMid 26/06/2024
ESPAÑA
El acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cinco años y medio después de que venciera el mandato de sus actuales miembros, no es el que habríamos deseado pero sí es probablemente el menos malo de todos los verosímiles.
El pacto suscrito por Félix Bolaños y Esteban González Pons en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, constituye una exhibición de bipartidismo y estabilidad sistémica desconocida en la última década, marcada por la fuerte polarización política y la desconfianza entre ambos partidos. Los independentistas quedan fuera y también Sumar, como todos los extremos a izquierda y derecha.
Logrado en vísperas de que la Comisión Europea emita su Informe sobre el Estado de Derecho, que amenazaba con ser durísimo, esta transacción que remite a otra época contiene un amplio campo de mejora y aspectos cuya plasmación práctica es incierta: principalmente, no hay una garantía concluyente sobre el cambio de modelo, ni siquiera cuando el vigente ha demostrado ya su total fracaso, como evidencia que haya tenido que desatascarse por la UE. La negociación ha discurrido al margen de la debida transparencia, orillando al Congreso y el Senado, cuyas competencias han sido groseramente usurpadas por los partidos.
No obstante, y con todas las prevenciones que quieran ponérsele, es un avance meritorio respecto al sistema actual, que sigue basado en el reparto de cromos y en la consiguiente apariencia de politización. Pero los términos quedan muy lejos de la bravata con la que el presidente del Gobierno intentó someter a un chantaje a Alberto Núñez Feijóo, que obtiene aquí un importante éxito. La exigencia de mayorías reforzadas y el establecimiento de una calificación objetiva para los nombramientos eliminan cualquier posibilidad de que el Supremo termine colonizado por el Ejecutivo, como sucede con otras instituciones.
Lo más relevante de la proposición que presentarán el PSOE y el PP es que el nuevo CGPJ queda mandatado para concluir en seis meses una «propuesta de reforma» que establezca la «participación directa» de los jueces en la elección de los vocales judiciales. En esos dos entrecomillados está la clave de futuro, sintetizan la posición de EL MUNDO y representan la más clara cesión del Gobierno. Hay razones, por supuesto, para temer que quede en papel mojado, pero la UE ha asumido un papel de garante que tendrá que cumplir. Y el PP ha quedado comprometido afortunadamente con esa promesa de regeneración.
Con la limitación de las puertas giratorias entre la justicia y la política, el Gobierno admite la imposibilidad de repetir un salto como el de Dolores Delgado, con una cláusula que fulmina la autoridad que podía quedarle a su pupilo y fiscal general, Álvaro García Ortiz, al borde de la imputación.
La probada obsesión del PSOE con el control de la Justicia invita a la desconfianza. La trayectoria del PP tampoco ha sido siempre limpia. Por eso someteremos el pacto a una exigente vigilancia. El Estado de Derecho necesita una Justicia libre de la sombra de los partidos, porque son en última instancia los jueces quienes protegen a los ciudadanos de las desviaciones del poder.
Agencias