NotMid 25/02/2025
EDITORIAL
La consagración de la desigualdad que supone la condonación de la deuda de Cataluña que el Gobierno ha concedido al independentismo es el precio de haber roto todos los puentes posibles hacia la centralidad. La negación del PP como un partido de derecha democrática y, por tanto, como un actor con el que llegar a acuerdos ha sido la esencia de la estrategia política del PSOE de Pedro Sánchez. Este discurso ha servido al presidente para construir la ficción de que es intolerable pactar con los populares y tratar de convencer así a sus bases de que es preferible negociar con los extremos y legitimar acuerdos con ellos pese a que pervierten el interés general, como el anunciado ayer.
La condonación del 22% de la deuda de la Generalitat con el FLA -17.104 millones de euros- no responde a la inexistente infrafinanciación de Cataluña ni a criterios de renta. Es más sencillo: es otra cesión que contemplaba el pacto de investidura con el independentismo, es el resultado de las ataduras del Gobierno con sus socios disolventes. Con la quita, unida a la soberanía fiscal que siguen propugnando ERC y Junts, pretenden avanzar en una vía para acceder a más recursos y convertir a Cataluña en una comunidad extractiva.
El mensaje que manda el Gobierno con la condonación a Cataluña es dañino: se mutualiza el coste de la deslealtad al Estado, se socializa la mala gestión, se carga esta sobre quien lo ha hecho bien y se penaliza el rigor fiscal. Todo, a costa del Estado. Se premia a quien más se ha endeudado y ha empleado fondos públicos para dar un golpe contra la convivencia y el orden constitucional, con cargo a las cuentas -al dinero que podría estar disponible para sanidad y educación- del que se ha conducido con mayor prudencia.
En este contexto es revelador escuchar a Sánchez arrojar contra Núñez Feijóo el cordón sanitario de Alemania contra la extrema derecha mientras obvia que allí los socialdemócratas van a apoyar al democristiano Friedrich Merz, el líder del partido más votado en las elecciones. El reverso del discurso socialista es muy pedagógico. En España el PSOE impidió la alternancia y ayer entregó a ERC y a Junts una nueva cesión que erosiona la igualdad entre españoles.
El pacto confirma la vocación estructural de la alianza del PSOE con el independentismo, destinada a prefigurar una relación estable y una distribución de poder real para ambos a lo largo de la legislatura. Baste apuntar que ha sido anunciado por Oriol Junqueras y que, al momento, Carles Puigdemont retiró ese juego de apariencias que era la cuestión de confianza de Sánchez.
En el juego de engaños continuo que protagoniza el Ejecutivo se sitúa también enmarcar la condonación a Cataluña en una quita que alcanzaría al resto de regiones, y que anunció la vicepresidenta María Jesús Montero tras Junqueras. «Todas se verán beneficiadas», dijo. Pero el movimiento ha sido tramposo: se ha reservado la capacidad de hacer el cálculo de la deuda concreta que asumirá en cada caso para satisfacer al independentismo y, al tiempo, vender que beneficiará a Andalucía, donde Montero ya ha iniciado la batalla política. «Es una estafa», ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla.
La financiación autonómica necesita una revisión que la dote de mayor equilibrio. Pero este no se alcanzará si se avanza en un sistema confederal, donde el acceso de los ciudadanos a peores o mejores colegios y hospitales dependa de las ataduras de un Gobierno con sus socios independentistas a cambio de que lo mantengan en el poder.
