NotMid 29/12/2024
EDITORIAL
La descarbonización de la economía a través de la reducción de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes es una obligación moral de todos los gobiernos y empresas hacia las generaciones futuras. El factor humano como acelerante del cambio climático es una realidad científica que no admite discusión. Sin embargo, el proceso debe estar regido por la tecnología y ha de ser el mercado, y no los laboratorios dogmáticos de los partidos, quienes marquen el camino más equilibrado. La neutralidad tecnológica tiene que imponerse a la ideología que pregona el decrecimiento económico y que, como explica en la entrevista de hoy el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no sólo no está reduciendo las emisiones, sino que está empobreciendo Europa a base de exportar millones de empleos a otros mercados más contaminantes.
En la entrevista concedida a nuestra revista Actualidad Económica, Imaz realiza un relato muy preciso de los errores de la política energética e industrial de Bruselas en los últimos años. Europa lleva décadas transfiriendo capital, conocimiento y competitividad a otras latitudes para enjuagar su conciencia climática. El corte del gas barato de Rusia ha dejado a la intemperie a una industria incapaz ya de competir con la asiática, mientras sus gobiernos han tenido que buscar fuentes de energía para asegurar el suministro en Nigeria, Qatar o Estados Unidos. La UE prohibió el fracking en su territorio, pero es el fracking norteamericano el que está calentando sus hogares.
Parte de la responsabilidad nace de la deriva ideológica de la izquierda que, desnortada tras la caída del Muro de Berlín, ha encontrado en la lucha climática su forma de oposición al capitalismo. La bucólica solución que ha encontrado es que las economías abiertas crezcan menos, lo cual sólo conduce a mayor pobreza y desigualdad. Por otra parte, la derecha moderada ha evitado dar la batalla en favor de una política neutral aterrorizada por la posibilidad de ser acusada de negacionista. El dogmatismo de la izquierda y los complejos de la derecha moderada han traído consigo una pérdida de competitividad gigantesca a una Europa envejecida que necesita retener como sea talento joven. Paradójicamente, es la ultraderecha acientífica y magufa la que se está beneficiando de todo ello por el descontento de los ciudadanos.
España hizo una apuesta decidida por las energías renovables, que debe seguir adelante, pero sin dañar a su industria. No es la vía elegida por el Gobierno socialista, y muy especialmente por la ex vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera. El mayor ejemplo es el impuesto especial a las empresas de energía que, como actores principalmente implicados en la transformación de la economía, están obligadas a liberar capital protegiendo a sus trabajadores y a sus accionistas. EL MUNDO se ha opuesto en numerosas ocasiones a un gravamen que considera populista y contradictorio. Sus efectos nocivos se ven agravados por el bazar legislativo al que el Gobierno de Sánchez ha supeditado su subsistencia. La sensación de inseguridad jurídica que genera ahuyenta a los inversores y pone en riesgo los proyectos iniciados en España, que no necesita soflamas demagógicas, sino, como explica Imaz, ofrecer un futuro industrial de alto valor añadido y buenos salarios a sus jóvenes.