Otra vez, este Ejecutivo ha permitido menoscabar la reputación de una entidad pública. En este caso, para regalar a un familiar de una ministra un puesto de alta dirección, aparejado a un salario de más de 100.000 euros anuales
NotMid 13/12/2022
EDITORIAL
Las exclusivas publicadas por este diario muestran cómo Ana de la Cueva -presidenta de Patrimonio Nacional, ex número dos y amiga de Nadia Calviño- creó ad hoc un puesto de trabajo en el organismo estatal para colocar en él a Ignacio Manrique de Lara Fernández, marido de la ministra de Economía. Lo hizo con una voluntad de ocultación manifiesta y con unos modos que evidencian premeditación para que Manrique de Lara, que estaba necesitado de una salida profesional del sector privado -apartado de tareas clave en su empresa porque se advertía que su figura estaba políticamente expuesta-, acabase al frente de una nueva responsabilidad a cargo de todos los españoles.
A raíz de las informaciones de los periodistas Juanma Lamet y Carlos Segovia, estamos ante un proceso impresentable, desde el punto de vista moral y estético. Se trata de un caso de enchufismo sin ambages, en el que el valor que ha prevalecido ha sido la desmedida preferencia que De la Cueva ha dado al marido de su amiga y ex jefa para acceder a este empleo público. A nadie puede sorprender, ya que el puesto era idóneo para él. Casualmente, Manrique de Lara obtuvo por unanimidad la máxima puntuación en los méritos establecidos, «dada su experiencia en el ámbito de la estrategia comercial y el márketing digital». Más allá de que su empresa lo había relegado de sus funciones por la mala imagen que ofrecía de cara a lo público, cabe destacar que Patrimonio ocultó al resto de candidatos datos relevantes del proceso que solicitaron. No se compartió con ellos ni salario, ni los criterios de evaluación, ni siquiera la puntuación obtenida por cada uno. La opacidad es sangrante.
Tanto así que, como desvelamos hoy, Ana de la Cueva escondió la contratación incluso al Consejo de Administración, cuando la ley confía a los consejeros la jefatura de personal. Desde el punto de vista jurídico, es el Consejo quien crea la plaza que se le ha puesto en bandeja a Manrique de Lara. Sin embargo, no sabía ni que el marido de Nadia Calviño postulaba ni, mucho menos, que se le había adjudicado. La última palabra la tuvo De la Cueva, que para validar su decisión contó con el beneplácito de una comisión compuesta, entre otros, por altos cargos ministeriales próximos a Miquel Iceta y a Yolanda Díaz.
Otra vez, este Ejecutivo ha permitido menoscabar la reputación de una entidad pública. En este caso, para regalar a un familiar de una ministra un puesto de alta dirección, aparejado a un salario de más de 100.000 euros anuales. Corresponde a Félix Bolaños, ministro de Presidencia -del que depende Patrimonio Nacional-, trabajar por la depuración de responsabilidades en un proceso que se ha llevado a cabo sin la transparencia obligatoria y donde ha sido pervertida la libre convocatoria. El caso podría ser llevado a los tribunales.
