Confiscar los fondos inmobilizados resulta casi imposible, pero la Comisión cree posible asumir su gestión, generar beneficios y dárseos a Kiev
NotMid 01/12/2022
EUROPA
La Unión Europea apoya un tribunal internacional especial para juzgar los crímenes de guerra rusos y quiere usar los activos congelados a través de sanciones para contribuir a financiar la recuperación de Ucrania. Pero para poder hacer realidad ambos objetivos necesita el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, cambios legislativos relevantes y un respaldo político que, ahora mismo, no está garantizado. Y aun así, el alcance es más limitado. Ni Rusia reconoce los tribunales internacionales ni la confiscación es automática.
La Comisión Europea, el órgano con capacidad de iniciativa legislativa en la Unión, y quien tiene el cuerpo técnico detrás, ha presentado hoy algunas propuestas o ideas para ambas cosas. Pero presentándolo con una narrativa muchísimo más optimista, por decirlo con términos suaves, de lo que la realidad respalda. “La invasión rusa ha dejado muerte, devastación e indescriptible sufrimiento. Se estima que más de 20.000 civiles y 100.000 militares ucranianos han muerto o resultado heridos. Rusia debe pagar por sus horribles crímenes. Por eso, mientras apoyamos el trabajo de la Corte de Justicia Internacional, proponemos la creación de un tribunal especial, respaldado por Naciones Unidas, para investigar y perseguir la agresión rusa. Estamos listos para trabajar con la Comunidad Internacional para lograrlo”, ha apuntado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un vídeo.
Igualmente, Bruselas lleva trabajando en los aspectos jurídicos y financieros para ver de qué manera pueden usarse los activos congelados, tanto a los oligarcas rusos como las reservas del Banco Central ruso en los países del G7. Y es muy complicado. Los primeros ascienden a casi 19.000 millones de euros, entre cuentas, propiedades inmobiliarias o yates. Los segundos, a 300.000 millones de euros.
“Rusia debe pagar también por la devastación económica. El daño a Ucrania se estima en 600.000 millones de euros. Rusia y sus oligarcas deben compensar y cubrir el coste de la reconstrucción y tenemos los medios para hacérselo pagar. Hemos bloqueado 300.000 millones de sus reservas y congelado 19.000 millones del dinero de los oligarcas. A corto plazo podemos crear una estructura para gestionar esos fondos e invertir y usar los beneficios par Ucrania. Y cuando se levanten las sanciones deberían usarse para pagar las compensaciones. Trabajaremos para hacerlo posible y juntos podemos encontrar vías legales. Los crímenes no quedarán impunes“, ha añadido Von der Leyen, probablemente generando demasiadas expectativas sobre lo que realmente va a pasar en este ámbito.
El lenguaje del último párrafo es clave. Los miembros de la UE han congelado y bloqueado esos fondos. reservas y activos, pero no pueden confiscarlos. No hay herramientas jurídicas para ello y de ponerse en marcha, la ley no puede ser retroactiva y no podría aplicarse sobre los ahora congelados. Su esperanza es que mientras sigan como hasta ahora, quizás puedan ser gestionados, movilizados y puestos a trabajar para generar algunos beneficios que sí que ayuden a financiar la reconstrucción de Ucrania.
Cuando acabe la guerra, haya un acuerdo de paz, se fijen compensaciones y se levanten las sanciones, los ciudadanos rusos podrán reclamar sus derechos de propiedad. Pero hasta entonces, sus recursos quizás podrían ser usados para generar riqueza, cree Bruselas.
No hay estimaciones sobre qué ingresos se pueden obtener ni de qué manera o en qué plazo, de ahí las críticas sobre el discurso optimista de Von der Leyen. Sería responsabilidad nacional, de cada Estado miembro proceder, pero la idea es crear también un instrumento común para canalizar cualquier beneficio hacia Kiev. De todo lo inmovilizado, la UE no tiene datos exactos tampoco de cuánto es líquido y podría usarse en diferentes inversiones.
DINERO CONGELADO, PERO NO CONFISCADO
Lo que ha puesto hoy encima de la mesa la Comisión son opciones para fortalecer el rastreo y la identificación de activos como pasos preliminares para una posible incautación, vías que podrían conducir a la confiscación de activos ya congelados, cómo se podrían potencialmente transferir los ingresos derivados de los activos confiscados de los Estados miembros para apoyar a Ucrania y la previsión de una medida temporal que permita utilizar activos rusos congelados e inmovilizados. Pero cualquier proceso parte de la base de que un cambio de derecho penal no sería aplicable con carácter retroactivo, por lo que solo afectaría a las actividades cometidas con posterioridad a su entrada en vigor.
Así que ese marco sólo afectaría a los 19.000 millones ya congelados si se pudiera probar directamente un vínculo criminal previo, y no sólo por el hecho de estar incluidos en el marco de las sanciones de la Unión, que tienen en parte un alcance político y no forzosamente penal. Hay posibilidades jurídicas, pero es algo complejo y desde luego no automático.
Desde principios de año, todos los operadores de la UE están obligados a informar a las autoridades de los Estados miembros sobre los activos que han congelado, y también a proporcionar cualquier información en su poder sobre los activos que no se tratan como congelados. A su vez, los Estados miembros deben proporcionar esta información a la Comisión, pero sólo de forma agregada. Es decir, los gobiernos sólo notifican la cantidad total de activos que han congelado sin más detalles sobre los activos individuales. Bruselas propone ahora desarrollar instrumentos tecnológicos para que la información se comparta en tiempo real y de forma desglosada, para tener una lista muchísimo más completa y útil.
El paso siguiente, qué hacer con el dinero inmovilizado, es más complicado. Ahora mismo, la congelación de activos en virtud de las medidas restrictivas de la UE adoptadas por las sanciones no puede considerarse como un primer paso hacia la incautación. No existe ninguna vía que permita la confiscación de activos sobre la única base de que estos activos han sido congelados bajo las sanciones de la UE, explica la Comisión. En general, cualquier activo puede ser confiscado hoy por los Estados miembros sobre la base de causas penales. Pero como norma, requieren pruebas de un delito penal específico y, normalmente, una condena. Y tiene que estar probado, como mínimo, un vínculo con actividades criminales directas.
“Los activos de las personas y entidades rusas señaladas, que actualmente están congelados, no pueden confiscarse simplemente porque son propiedad de esas personas y entidades. Siempre sería necesario un vínculo con actividades delictivas para confiscar activos. Además, el decomiso solo puede tener lugar tras el levantamiento de la medida restrictiva o la liberación de los activos embargados en virtud de una excepción aplicable mediante una decisión de autorización de la autoridad nacional competente”, explica la Comisión en un documento de trabajo para empezar el debate.
En mayo de este año, Bruselas propuso una nueva Directiva sobre recuperación de activos que reforzaría los poderes de decomiso de las autoridades nacionales, ampliaría el alcance de las posibilidades de confiscación sin condena e introduciría un nuevo modelo de confiscación basado en “la riqueza no explicada”. La Directiva propuesta también amplía el ámbito de aplicación de las medidas de decomiso a más delitos penales, como el tráfico de armas de fuego, el tráfico de migrantes y, si se lleva a cabo en el marco de una organización delictiva, la falsificación, el tráfico de bienes culturales y otros. Y esta misma semana, se adoptó una propuesta que señala la violación de las medidas restrictivas de la Unión como ‘eurodelito’, lo que abre la puerta a que la Comisión proponga una directiva más ambiciosa.
USO PROVISIONAL DE LOS FONDOS CONGELADOS
Una parte clave del proceso legal es que la UE en todo caso no puede usar ese dinero mientras las sanciones sigan en marcha. “Dado el contexto sin precedentes de la guerra y sus efectos sobre la situación financiera, económica y social dentro de la UE, medidas adicionales en el marco podrían consistir en vincular el levantamiento de las restricciones sobre estos activos a la celebración de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, dice el documento distribuido hoy.
Hasta entonces, “se podría explorar con socios internacionales que han adoptado sanciones similares si se podría poner una gestión activa de activos congelados e inmovilizados, en particular de activos líquidos de empresas estatales y del Banco Central Ruso y entidades afiliadas, con el objetivo de garantizar unos rendimiento estables y justos que se utilizarían para financiar la reconstrucción de Ucrania. A tal efecto, sería necesario establecer instrumentos financieros apropiados, preferiblemente a nivel internacional. Además, los actos jurídicos vigentes en materia de medidas restrictivas de la UE tendrían que modificarse para que dicha propuesta pueda llevarse a cabo”, admite la Comisión.
Es decir, que es un primer paso. Empieza ahora la discusión interna y la externa. No hay marco europeo para el posible uso de esos fondos, dependería en gran medida de las autoridades nacionales, pero para su mejor uso el objetivo es crear un instrumento a nivel de los 27 que canalice los beneficios generados con esos activos inmovilizados. Y los remita directamente a la reconstrucción de Ucrania.
Agencias